Las Eppur si muove" manifestaba Galileo Galilei el 21 de junio de 1633 para evitar la condena de la Iglesia Católica a prisión perpetua. Pues bien, algo similar se puede decir (al margen de la tragedia de Japón y del conflicto en Libia) del devenir de la economía española. En ambos casos se oscureció la verdad, astronómica en el primero y social en el segundo. Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio y en el caso que nos ocupa, la situación económica, el último boletín del Banco de España pone de manifiesto que, sin embargo, la economía se mueve y que la deuda española, privada y pública, tiene una difícil (por no decir imposible) solución de pago. Los datos son abrumadores, el endeudamiento de los sectores productivos (985.151 millones de euros) apenas se ha reducido en un 3%, mientras que las inmobiliarias adeudan lo mismo que hace dos años (315.781 millones sin contar la construcción). En cuanto a los nuevos créditos familiares, en el mes de enero han caído más del 63% respecto a diciembre, como consecuencia del final de las deducciones fiscales para la compra de la vivienda habitual, y la tasa interanual ha caído el 43%. También bajan los créditos a las empresas en más del 30% en el mes de enero y del 16% en el año. Pese al estado de la deuda privada y del desplome crediticio, la morosidad supera el 6% por primera vez en 16 años y el ahorro también experimenta una subida, lo que incide en el descenso del consumo interno. Lo cual significa dos realidades: Por un lado, aumenta el número de familias con dificultades para pagar los créditos. Por otro, quien está en disposición de consumir, quien tiene poder adquisitivo, tiene miedo y deja para mejor ocasión el consumo, dejando sus dineros en el capítulo de "ahorrar por lo que pudiera pasar".
Ni los publicitados "brotes verdes" de los que nos hablaba la ministra Elena Salgado hace un año, ni las medidas anunciadas por Zapatero despiertan en la sociedad la más mínima confianza. Abundando en esta realidad próxima a la catástrofe, llega la última ocurrencia del presidente del Gobierno quien el mismo día del seísmo japonés reconocía haber enviado una carta al presidente del Consejo Europeo, Heman Van Rompuy, en el que aceptaba las tesis de Merkel de ajustar los salarios a la productividad. ¿Qué pretende Zapatero? Da la impresión de que solo intenta calmar los ánimos de sus socios europeos que, se mire como se mire, cuando hablan de estabilizar el euro y de garantizar el rescate de países endeudados con problemas ocultan que su verdadero objetivo es salvaguardar las finanzas de los dos grandes tractores de la economía europea, Francia y Alemania, cuyos bancos soportan la mayor parte de la deuda de esos países periféricos, entre ellos España. Por otro lado, Zapatero sabe, o debiera saber, que la negociación salarial está en manos de sindicatos y patronal. Intentar vulnerar este principio mediante una imposición puede traer consecuencias muy negativas, tal y como ya ha adelantado el secretario general de CC. OO., Toxo, quien habla incluso de que "tendría claros visos de inconstitucionalidad".
Dicho en otras palabras, o bien Zapatero está muy despistado para prometer lo que no puede, o bien está mintiendo a la hora de anunciar unas medidas que no puede tomar. Sea como fuere, las dificultades para ajustar los salarios a la productividad son, a día de hoy, insalvables, porque la productividad en términos de unidades productivas (empleados) se mide por su rendimiento y éste podrá ser mayor siempre que aumente la demanda, una posibilidad absolutamente inalcanzable en la actualidad porque desciende el consumo interno y las exportaciones deben competir en el mercado exterior con productos de otros países mejor colocados en factores como la citada productividad, que determinan parte del precio final. En un escenario donde no aumenta la demanda, la otra solución para mejorar el rendimiento de las unidades productivas es reducir el número de estas últimas. Es decir, reducir plantillas. Ergo, más paro, más subsidios de desempleo, mayor gasto público y menor consumo.
Mientras todo esto ocurre, el Gobierno insiste en rebajar el déficit público, pero la deuda pública sigue aumentando, especialmente la autonómica. En algunos casos, como el Gobierno vasco, en 2010 se ha duplicado la cuantía de la deuda sin que se vean o vislumbren sus hipotéticos efectos balsámicos. Lamentable la política económica dirigida (¿?) desde Ajuria Enea, cuya inacción solo se ve interrumpida por ese endeudamiento que, en el mejor de los casos, supone una hipoteca para los próximos años que pagará la sociedad vasca.
No faltan expertos que dan por hecho la imposibilidad de hacer frente al total de la deuda española y, como alguno sostiene desde hace mucho tiempo, el problema de la gobernabilidad de un país no reside en poner en práctica políticas de derechas o de izquierdas, sino en la aptitud y actitud de los gobernantes para hacer frente a una economía que, pese a la crisis, se mueve.
