Resulta vergonzoso lo que está ocurriendo últimamente en el ámbito educativo. Con el pretexto de una, supuestamente bien intencionada, inclusión del alumnado vulnerable, se está violando una y otra vez un derecho básico. Estamos hablando del derecho que asiste a los padres a elegir el centro de enseñanza que consideren más adecuado para sus hijos. He conocido casos cercanos en los que se les niega a unos padres matricular a sus hijos en un determinado colegio, destacando entre ellos el caso de una familia de cinco hermanos, de los cuales uno, de corta edad, no va a poder estudiar en el mismo colegio que sus hermanos. Y también existe otro aspecto que es totalmente denunciable. En lo sucesivo se va a negar el concierto educativo a los centros de enseñanza de educación diferenciada. He de decir que quienes apostamos por ese modelo educativo, tan legítimo como cualquier otro, pagamos igualmente nuestros impuestos y tenemos pleno derecho a que el dinero público se utilice también para su concierto educativo. Máxime si observamos que los resultados pedagógicos de este modelo son excelentes en todos los lugares en los que existe, también entre nosotros. Somos los padres, es la familia, el núcleo básico de educación de los hijos. La Administración puede colaborar en esta tarea, pero respetando siempre el criterio de los padres, sin imponer sus propios criterios.
