He tenido conocimiento de lo que considero un despropósito y una injusticia flagrantes: se ha impuesto a Felipa Artano, de 91 años, la madre de Joxi Zabala, el pago de unas costas judiciales por importe superior a 9.000 euros tras fallarse en su contra la reclamación de la condición de víctima del terrorismo para su hijo, secuestrado, torturado y asesinado por aparatos del estado pertenecientes a los GAL. ¿Cómo pueden sentirse esta mujer y esta familia? Intenten ponerse en su piel e interioricen que el mismo estado que puso la infraestructura y los medios para asesinar a su hijo tiene ahora la desvergüenza de denegarle la condición de víctima del terrorismo. Y, para colmo, le obliga además a pagar unas costas judiciales que serán legales, pero son un insulto a la dignidad humana. En este proceso, tanto el Ministerio del Interior como la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, han pervertido la presunción de inocencia, han juzgado por su cuenta y han dictado sentencia sin juicio. Como víctima del terrorismo me siento avergonzado por este tipo de decisiones, que dejan muy claro que las víctimas del terrorismo del GAL son víctimas de segunda.
