Lamentablemente la judicatura española está de rabiosa actualidad y no por cumplir su misión de impartir justicia, sino porque sus sentencias son revocadas por tribunales europeos por su particular forma de interpretar los principios del derecho y es lo que constituye su calvario a la hora de ser interpretadas por los tribunales internacionales. Ahora el turno es del Supremo: un tribunal belga niega a España la extradición de Lluis Puig, exconsejero de Cultura de la Generalitat, porque acusa al juez del Supremo, Pablo Llarena, de carecer de competencia para ello al no existir aforamiento. Le explica que debía haberlo pedido un tribunal catalán. Sería escarnio hacer un relato de los revolcones que están soportando los diversos tribunales españoles cuyos jueces que los componen necesitarían un curso acelerado para aprender a coordinar los juzgados españoles con los de los diferentes países con los que se relacionan habitualmente. Aunque quizá, sería preferible seleccionar un equipo de jueces que sepan idiomas y asuman que memorizar tantas leyes no es imprescindible para ser juez, sino una limitación. Así podrían acceder a las diferentes facultades de Derecho Internacionales para que moderen su autoestima para evitar los frecuentes autos en los que los tribunales extranjeros revocan las sentencias de los españoles más significativos a veces por causas tan prosaicas como ignorar trámites elementales que obligan a sobreseer expedientes desdeñando a magistrados que en España son reverenciados que tienen que pasar por la humillación de que sus sesudas sentencias son invalidadas. Aunque es más sangrante las que afectan a principios de derecho. La Justicia española, como dijo un político andaluz, “es un cachondeo”. NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 800 caracteres y deben estar identificadas con nombre y apellidos de su autor, así como la dirección, teléfono y el DNI. DEIA se reserva el derecho a la edición de las mismas.
