Dudo de las ventajas para los ciudadanos de esos cambios. Son evidentes, sin embargo, los problemas que el nuevo sistema causará a muchas personas y las incomodidades para todos (conseguir el DNI electrónico o lo necesario para cumplimentar ese documento en Internet), sin olvidar la desaparición de muchos de los contratos que anualmente se hacían para la campaña de la declaración. A ello añadiría el riesgo cierto que medidas como esa suponen para crear una sutil barrera de incomunicación e inaccesibilidad entre los ciudadanos y sus instituciones y la administración pública. Y no quiero pensar que tras esa modernización innecesaria esté la oscura intención de hacer de las declaraciones un mundo más secreto e inaccesible. Seguramente, tras esas medida solo haya un deseo de trasmitir una imagen de vacua modernidad y, quizá, un deseo de autopromoción personal o política. ¿Se está a tiempo todavía de rectificar esa problemática decisión de la Diputación de Bizkaia?
