Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. El fiscal anticorrupción que lleva el caso Urdangarin se niega a imputar o a citar como testigo a la infanta Doña Cristina, a pesar de que ha compartido con su marido tres sociedades que están siendo investigadas por fraude. Un comportamiento jurídicamente ilógico que no hace más que enturbiar esta causa, y con el que se deja claro que, en España, hay dos justicias: una para la gente corriente y otra para los VIP. El yerno del rey acumula un patrimonio de 11 millones de euros, que no le vino del balonmano. Y cristalino que lo sabía la infanta.
No sé si el dicho popular confiesa el delito el que huye del juicio se le puede atribuir a este caso, pero tanto silencio da que pensar.
