HASTA ahora, existía un consenso claro en torno al proceso hacia una administración bilingüe: el objetivo final consistía en alcanzar una administración plenamente bilingüe, mediante un proceso de euskaldunización progresivo.

En esta dirección, se diseñaron distintos instrumentos como la planificación lingüística, el sistema de perfiles lingüísticos y el Índice de Obligado Cumplimiento (IOC). Este último ha sido siempre entendido como un umbral mínimo: así lo estableció la sentencia 549/2011 del TSJPV, así lo recogen las directrices del Gobierno Vasco -incluidas las elaboradas durante el mandato de Patxi López- y así lo han aplicado numerosas administraciones gobernadas por PNV, PSE y EH Bildu, cuyas RPTs -por encima del índice- han contado con el respaldo de todos los sindicatos. Ese era, en esencia, el denominado “consenso lingüístico”.

Durante casi 40 años, este modelo apenas ha suscitado controversia política o judicial. Por lo que, a nuestro juicio, las objeciones actuales responden, en gran medida, a otras motivaciones de fondo: existen sectores que consideran que el proceso de normalización del euskera ha ido demasiado lejos, mientras que otros cuestionan la igualdad efectiva entre el euskera y el castellano. La realidad en cambio sigue siendo que 44 años después de la aprobación de la Ley de Normalización del Euskera, aún no contamos con una administración plenamente bilingüe. Así lo ha señalado el propio Ararteko y el último informe del Consejo de Europa advierte de que hoy es el día donde los derechos lingüísticos -es decir, nuestros derechos fundamentales- no están garantizados. 

El punto de inflexión se sitúa en los procesos de estabilización iniciados a partir de 2021. Desde entonces, se ha producido un incremento notable de los recursos judiciales y un cambio en la interpretación de la normativa por parte del TSJPV. En este contexto, la renovación del Decreto 19/2024 supuso un auténtico error estratégico del PNV al renunciar a fijar el IOC como una referencia mínima. Esta grave y ampliamente criticada decisión abrió aún más la puerta a una proliferación de recursos y ha debilitado de forma significativa y definitiva el sistema.

En la actualidad, la mayoría de las sentencias no se apoyan en el IOC -como el propio PNV reconoce en la exposición de motivos de su proposición de ley-, sino que se centran exclusivamente en el resultado de las OPEs. Así, el hecho de que en una convocatoria haya más plazas con perfil lingüístico preceptivo que sin él es suficiente para ser considerado como desproporcionado, lo que ha llevado al TSJPV a bloquear la efectividad del sistema de perfiles lingüísticos.

La mayoría de los juristas que han comparecido en el Parlamento Vasco coinciden en señalar que la inseguridad jurídica del sistema radica en que es la propia administración la que tiene que determinar y justificar las plazas que requieren conocimiento de euskera. Además, las administraciones nos exigen -a quienes elaboramos las leyes- que les proporcionemos una norma general clara y segura, y que no las dejemos solas ante la responsabilidad y el riesgo de ver su planificación y sus criterios continuamente reinterpretados por los tribunales.

Por ello, EH Bildu plantea que sea la ley la que establezca la norma general, reservando a la administración la facultad de habilitar excepciones. De este modo, el principio general sería que todas las plazas requieran el conocimiento de las dos lenguas oficiales, reforzando así la seguridad jurídica e igualando el estatus de las dos lenguas oficiales. Este enfoque es claro y está bien fundamentado: responde a la lógica jurídica consolidada en comunidades como Cataluña, Galicia, Valencia o Baleares, y que ha sido avalado reiteradamente por el TC (46/1991, 31/2010, 165/2013, 118/2025).

Además, atendiendo a las recomendaciones de juristas y personas expertas hemos diseñado un nuevo índice -inverso al IOC- que introduce progresividad a la aplicación del principio general. Este sistema permite que las administraciones puedan avanzar a distintos ritmos, habilitando mecanismos tasados para aplazar el requisito lingüístico correspondiente. Se trata, en definitiva, de integrar el principio de proporcionalidad.

En el debate político, el PSE defiende la fijación del IOC como un máximo -criterio, que por cierto, él mismo no aplica en la mayoría de los ayuntamientos que gobierna-, mientras que el PNV aboga por eliminar el índice y dar autonomía a las instituciones. Nuestra propuesta pretende dar respuesta a ambas posiciones y ofrecer una vía inclusiva: establecemos un marco de proporcionalidad mediante un nuevo índice y, al mismo tiempo, dotamos de capacidad de decisión a las administraciones.

Una propuesta de características similares, defendida en Galicia por el PP o respaldada con absoluta firmeza en la Comunidad Valenciana -donde el catalán presenta indicadores sociolingüísticos similares al euskera- por el PSPV, Compromís y el conjunto de las organizaciones sindicales, no se puede calificar de maximalista.

Sin embargo, no resulta comprensible desde el punto de vista de la calidad democrática que, ante un asunto tan nuclear, el PNV y el PSE rehúyan del debate parlamentario con la principal fuerza del país, que además gestiona la mayoría de las administraciones locales. Por ello, reiteramos de nuevo nuestra disposición a negociar una reforma que aporte seguridad jurídica, proporcione igualdad efectiva entre las dos lenguas oficiales, garantice plenamente los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía y lo hagamos de manera progresiva y flexible.