Hay decisiones políticas erróneas; otras son negligentes. Algunas cruzan una línea moral más grave. La reciente revocación en Estados Unidos de la endangerment finding -la determinación científica que permitía regular los gases de efecto invernadero- pertenece a esta última categoría: es un crimen contra la humanidad, aunque no haya tribunal dispuesto a juzgarlo. Conviene recordar qué era ese mecanismo: en 2009, el organismo ambiental estadounidense asumió que si la ciencia demuestra que una actividad pone en peligro la salud y el bienestar de la población la ley debe adaptarse para prevenir el daño. No hacía falta ideología, solo evidencia. Y en el tema del cambio climático esta es abrumadora. Derogar esa base legal no cambia la física ni la química de la atmósfera pero permite eximir de responsabilidad política y supone una renuncia explícita a proteger vidas presentes y futuras. Que EE.UU. lleve tiempo marcando distancias con el marco jurídico internacional no ayuda: se institucionaliza el negacionismo.
El fracaso no es de la ciencia, sino de la economía y la política. Las leyes y los compromisos existían, pero ha desaparecido la voluntad de enfrentarse a intereses que consideran aceptable un daño masivo si el balance trimestral sale bien. Las grandes empresas lo dicen ya sin pudor: no cumplirán sus promesas climáticas. Aquí miramos a menudo estas noticias como si ocurrieran en otro planeta. Declaramos la emergencia climática, pero adaptación y decrecimiento siguen sonando a rareza académica. Se anuncian planes energéticos poco realistas mientras los impactos ya están aquí. No es hipocresía: es algo peor. Es normalizar el incumplimiento cuando el riesgo es conocido. La historia estadounidense no es una anomalía lejana. Es un espejo. Y no devuelve una imagen tranquilizadora.
