CADA vez que la sociedad navarra cuestiona el estatus político-institucional diseñado en la transición del 78 nos encontramos con invocaciones más o menos ardorosas y altisonantes al “Navarra es cuestión de Estado”. Pero estos golpes en el pecho quedan en nada cuando lo que toca es pasar de las palabras a los hechos, y más todavía si los hechos se refieren a invertir en el desarrollo en infraestructuras al que el Estado español está obligado en nuestra tierra.

Cuestión de Estado, salvo para abrir la bolsa

En ese momento, Navarra deja de ser “cuestión de Estado” para pasar a ser un pequeño territorio, en el que la inversión en infraestructuras obtiene el tamaño directamente proporcional a su peso en los equilibrios del bipartidismo español que cada legislatura se disputa la llegada al Palacio de la Moncloa…

Y a veces ni eso.

Es obligado recordar que el desarrollo de gran parte de las infraestructuras de comunicación, agua o energía son responsabilidad del Estado en Navarra; y esto no es un detalle baladí, sino el hecho cierto que debiera concienciar a toda la sociedad –y a quienes la representamos en las instituciones especialmente– que la reclamación de las inversiones necesarias para estas infraestructuras debe ser una exigencia, y no una amable propuesta. Del mismo modo que el 1,6% que cada año las navarras y los navarros pagamos por este concepto para las inversiones en el resto del territorio es un compromiso cumplido.

Esta semana la representación navarra en el Senado hemos vuelto a escenificar, y lo digo sin satisfacción ninguna, diferencias en torno a esta cuestión: cómo exigir al Gobierno Central sus responsabilidades en materia de infraestructuras para con Navarra.

Tres infraestructuras en concreto que Geroa Bai defiende, pero no de cualquier manera.

En lo relativo a la A-15 no basta con recordarle al Gobierno que tiene que terminar una obra que lleva décadas olvidada, y dejándonos como la única comunidad sin comunicación por carretera de doble vía con Madrid. Hay que recordar, y exigir su reversión, que esa vía en territorio navarro es propiedad al 50% del Ejecutivo Foral y de una empresa privada porque el Gobierno Aznar decidió en 2003 hacer caja vendiendo su 50%…

No basta con invertir, hay que corregir.

En lo relativo a la red ferroviaria: no es TAV para llegar unos minutos antes a Madrid, sino para conectar Navarra con la salida a Europa; no es TAV siguiendo el modelo español de las últimas décadas, sino Altas Prestaciones para sacar también mercancías de la carretera y combatir las emisiones de CO2; no es un tren de ningún sitio a ninguna parte, como diseñaron en su día, sino una conexión con Zaragoza y la Y vasca para dar impulso también a nuestra industria. Y si el trazado por Navarra es más caro, pero a la larga más beneficioso también para la capacidad del corredor Cantábrico/Mediterráneo habrá que pelearlo como otros territorios ya han hecho.

Porque no basta con invertir, hay que hacerlo con mirada a largo plazo.

Y por último, en lo relativo al Canal de Navarra… en este punto prefiero contenerme ante la falta de talla política de algunos de los que nos precedieron en el Gobierno de Navarra.

Me basta con que, coincidiendo en el reconocimiento de la necesidad de esta infraestructura, revisemos aquello que se hizo mal y avancemos.

El Convenio para la construcción de la Primera Fase del Canal fue un mal acuerdo para Navarra. Por muchas cosas, pero hoy me centraré en una.

El acuerdo de financiación por parte de las dos Administraciones se corresponde con la titularidad, de tal manera que el Estado aportaba un 60% del coste y en este porcentaje es propietario, y Navarra aportaba un 40% y en este porcentaje su titularidad.

Sin embargo, la precipitación en diseñar posteriormente –en los últimos meses de los gobiernos de UPN– las obras de la zona regable y, sobre todo, la falta de rigor en diseñar el canon para los regantes ha dado un vuelco a las cifras: de los 752,5 millones de euros de coste del Canal y la zona regable el Estado ha financiado 146 millones, mientras que Navarra –Gobierno y usuarios– el resto. Es decir: las navarras y navarros aportamos el 80% de la infraestructura y su mantenimiento, pero la titularidad es en la práctica del Estado…

En definitiva, que no basta con reclamar las inversiones correspondientes sino que hay que exigirlas con rigor y bastante más ambición que la demostrada por quienes nos precedieron en el Gobierno Foral.

Y pongo un ejemplo de mayor ambición en este asunto: ¿por qué no estudiar la posibilidad de que la financiación que corresponde al Estado sea comprometida, amarrada a través del pago de la Aportación al Estado. Ahí sí aseguramos que las obras se adecuarán a los intereses de la Comunidad Foral, y no a los vaivenes de cada una de las legislaturas en Madrid.

En todo esto hay un margen amplio de encuentro entre las fuerzas políticas navarras para que, como decía al principio, las actuaciones políticas en Madrid no vuelvan a dejar la división expresada esta pasada semana. Pero sobre todo porque si no peleamos el futuro de nuestra sociedad con más ambición seguiremos hablando de agua, pero de agua de borrajas.

Porque del 78 hasta aquí, no nos engañemos, Navarra es “cuestión de Estado” salvo cuando hay que abrir la bolsa.

Senadora y expresidenta del Gobierno de Navarra