ROCKY Myers es un hombre negro de 59 años que lleva en el corredor de la muerte de Holman en Alabama más de 26 años. Un jurado compuesto por 12 personas, 11 de ellas blancas, lo condenó por un asesinato perpetrado en 1991 en el transcurso de un robo con allanamiento de morada en el que fueron apuñaladas una mujer blanca, su vecina y su prima y que se saldó con la muerte de una de las mujeres. El jurado lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero el juez hizo caso omiso de la recomendación y le impuso la pena de muerte. Rocky Myers creció en Nueva Jersey, donde tuvo una infancia muy dura. Tenía nueve hermanos, su familia apenas contaba con recursos económicos y su padre tenía problemas con el alcohol. Fue diagnosticado de “inestabilidad emocional” y asistió de forma intermitente a clases especiales, en la que apenas aprendió a leer y escribir al nivel de primaria. A los 11 años le diagnosticaron una discapacidad intelectual. Se mudó a Decatur, Alabama, donde vivió con su esposa y sus cuatro hijos. Cuando tuvo lugar el asesinato en 1991, Rocky Myers tenía 30 años y no tenía trabajo, se ocupaba de sus hijos mientras su esposa trabajaba como cocinera en un restaurante. Consumía crack, pero no constaba ningún acto de violencia. Sus hijos y quienes lo conocían lo describieron como un padre cariñoso, que se esforzaba por superar su discapacidad intelectual y el consumo de drogas.
Hoy, Rocky Myers mantiene su inocencia. No hubo ninguna prueba forense en la escena del crimen que lo incriminase. La única prueba es un aparato de vídeo sustraído durante el robo que afirma haber encontrado tirado en la calle y que cambió por drogas la noche del asesinato. Las declaraciones iniciales de los testigos a la policía y la descripción de las víctimas sobre la ropa que llevaba el atacante vincularon el aparato de vídeo con otro hombre. Un mes más tarde, después de que el gobernador hubiese ofrecido una recompensa por información se presentó un nuevo testigo que afirmó haber visto a Rocky Myers cruzando la calle desde la casa del homicidio con un vídeo bajo el brazo. Otros dos testigos modificaron su declaración que señalaba a Rocky Myers como al hombre que había vendido el aparato de vídeo, aclarando que cuando fueron entrevistados por la policía la primera vez habían cedido ante presión. Un cuarto, que testificó en el juicio contra Rocky Myers, firmó diez años más tarde una declaración jurando que un policía le había pedido redactar su primera declaración a cambio de la anulación de un posible cargo en su contra.
Los tribunales federales nunca tuvieron en cuenta la prueba de la retractación del testimonio. El abogado posterior a la condena de Rocky Myers se retiró de la causa sin notificárselo ni decirle que su apelación había sido rechazada. Rocky Myers se enteró cuando un compañero de prisión leyó una carta que el fiscal general de Alabama había enviado en febrero de 2004 para notificarle que se fijaría su ejecución. Sus nuevos abogados solicitaron a los tribunales ampliación de plazo, pero éstos la rechazaron, así como su afirmación de que padecía una discapacidad y sostuvieron que la negligencia de su abogado no era motivo para concederle más tiempo para apelar, ya que debería haber mostrado mayor “diligencia”. Los tribunales tampoco tuvieron en cuenta cómo la discapacidad intelectual de Rocky Myers podría haber afectado a su relato de los hechos, ni siquiera en las contradicciones entre el interrogatorio policial, que no se grabó, y su testimonio durante el juicio, o con su interacción con el abogado para preparar su defensa.
Los prejuicios, raciales y de clase, influyeron en el juicio. La víctima que sobrevivió declaró dos veces que no pudo ver si el autor era blanco o negro, pero que “por su voz parecía un hombre de color”, declaración que no fue refutada ni por los abogados defensores. Es más, su principal abogado estuvo relacionado con el Ku Klux Klan durante varios años antes de representarlo y en la de apertura ante el jurado dijo del barrio en el que se cometió el crimen, un lugar poblado por personas negras desfavorecidos, que era “como adentrarse en el mismísimo abismo del infierno”. Sus abogados actuales declararon que algunos miembros del jurado del juicio de Rocky habían utilizado insultos racistas en conversaciones y que ellos mismos habían encontrado en las notas del equipo de defensa del juicio de Rocky Myers insultos racistas. Su ejecución volvió a programarse para 2012 y se suspendió a causa de un procedimiento judicial relativo al protocolo de la inyección letal en Alabama que terminó en 2015. En 2018, a Rocky Myers y a otras personas del corredor de la muerte se les concedieron 30 días para decidir si querían morir por asfixia con nitrógeno, un método que los organismos internacionales de derechos humanos han calificado de castigo cruel, inhumano y degradante, o por la inyección letal practicada según un protocolo nuevo. Rocky Myers eligió lo primero, y su ejecución podría reiniciarse tan pronto como esté listo el nuevo protocolo para la ejecución por asfixia con nitrógeno.
Por todo ello el Grupo Local de Amnesty International de Donostia ha solicitado formalmente una Comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos de las Juntas Generales de Gipuzkoa para exponer esta situación límite y plantear futuras posibles acciones en aras de evitar la muerte de Rocky Myers y la reivindicación de un juicio justo. Dicha comparecencia se realizará el próximo 15 de enero, lunes.
Coordinador del Grupo Local de Amnesty International de Donostia
