STÁ en vigor desde el 1 de julio de 2015, seis años y 7 meses largos. 2.427 días, uno a uno, tres pandemias, en los que a todo hijo de vecino han podido reprimirle, incluido el derecho a huelga, multarle por una manifestación pacífica, cachearle físicamente, retenerle seis horas para una identificación... entre otras desprotecciones e inseguridades. Y a todo hijo de otros vecinos han podido enviarle sin más de vuelta a la miseria o el terror de los que escapó eludiendo fronteras. En esas tres pandemias contra la libertad y el derecho de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de la mayoría absoluta del PP, el PSOE ha pasado de "desamordazar" y "derogar" la ley en 2015 a "derogarla y aprobar una nueva" en 2018. Y de "sustituirla" en 2019 a "reformarla" en 2022... aunque en noviembre de 2021 firmase con Podemos "un acuerdo progresista para su derogación y la recuperación de libertades públicas y derechos que nunca debimos perder" (Yolanda Díaz dixit). Esa "reforma", que ya exigió en 2017 el PNV, se hace en ponencia. Iba a constituirse en marzo de 2018, lo hizo 7 meses más tarde... y se reunió el 19 de enero ¡de este año! Ese día acordaron modificar 19 artículos. Y este martes, 15 de febrero, 10 más. La ley tiene 54. Volverán el 1 de marzo. Y el resultado, si lo hay, aún deberá votarse en el Congreso. Sin prisas. Total, solo son aspectos "contrarios a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", como recordaba el día 8 por carta Dunja Mijatovic, comisionada de DD.HH. del Consejo de Europa.
