Ante el neofranquismo, más información, democracia y derecho de autodeterminación

LA convocatoria de la joven activista sueca Greta Thunberg para la movilización mundial ante el cambio climático eclipsó el pasado 27 de septiembre el luctuoso 44º aniversario de las ejecuciones ordenadas por Franco de los militantes de ETA Juan Paredes Manot Txiki, oriundo de Badajoz, y Ángel Otaegi Etxeberria, de Azpeitia. A decir de observadores juristas internacionales y locales de entonces, ambos fueron ejecutados tras sendos “simulacros de procesos judiciales” propios del régimen autoritario dictatorial que se prolongó en su faceta policial y judicial más allá del fallecimiento del dictador, el 20 de noviembre de 1975, y hasta mucho después.

De aquella época quedan recuerdos muy vivos, agitados por un montón de personas, algunas de ellas fallecidas en los últimos meses, que tienen en común no haber optado precisamente por la vía de la violencia revolucionaria de ETA y cuya vida constituyó un compromiso cotidiano por las libertades democráticas en general y del pueblo vasco en particular; antes, durante y después de “la transición”. Sus sacrificios y desvelos -compendiados en el libro sobre la resistencia vasca no violenta contra el franquismo Ser Basque Izan (Utriusque Vasconiae: Donostia, 2017, 2ª edición) con más de 100 testimonios (30% de ellos, de mujeres)- muestran la talla de muchos otros supervivientes que lo dieron todo para restituir la democracia y las libertades vascas, arrebatadas por el alzamiento militar golpista de Franco contra la República y la subsiguiente guerra que se alargó desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939. Un golpe que produjo, asimismo, más de cuatro mil asesinatos de hombres (17 de ellos sacerdotes del clero vasco ) y mujeres de Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa y Araba fuera del campo de batalla simplemente por la circunstancia de no secundar al ideario totalitario franquista.

Es de justicia recordar, felicitar y agradecer, entre ese centenar simbólico, a gentes como Joseba Elosegi Odriozola o Xabier Arzalluz Antía, junto a otros menos conocidos que han fallecido en lo que va de año: Arantza Zubizarreta Torre, Josune Arkotxa Landa, Jose Ramón Luzarraga, Izaskun Usobiaga, Txomin Saratxaga Ramírez, Edurne Robles Arangiz Bernaola, Sorne Errazti Unzueta, Gerardo Bujanda Sarasola, Iñaki Renteria Ugalde o Nikolás Garcia Urriz (este último, párroco de Gorliz, fallecido el pasado 10 de octubre, fue uno de los firmantes de la carta de los 339 sacerdotes vascos en mayo de 1960 a sus obispos denunciando la injusticia del franquismo y en defensa de los derechos del Pueblo Vasco).

Cuando el gudari Joseba Elosegi Odriozola (1915-1990) sobrevivió a su gesta de inmolación ante Franco el 18 de septiembre de 1970 durante el partido internacional de pelota que se celebraba en el frontón de Anoeta, manifestó que su intención había sido “llevar el fuego que destruyó Gernika ante los ojos de quien lo provocó”. Pensando que no sobreviviría a su inmolación, había dejado escrito en su diario Quiero Morir por Algo (Burdeos, 1970, pags. 252 y ss) que teniendo en cuenta que terrorista es el partidario de la acción violenta para infundir el terror e imponer su voluntad o programa, son terroristas por excelencia Franco y todos los que le secundaron en aquella terrorífica guerra? llegando además a una irónica conclusión: “Ganaron la guerra, pero no han sido capaces de ganar la paz”.

un debate vetado ¿Hasta cuándo?

Después de las elecciones de 1977, Joseba Elosegi resultó elegido senador nacionalista vasco por Gipuzkoa en las legislaturas de 1982, 1986 y 1989. Sin embargo, no consiguió ver que el nuevo Régimen de la Transición desarrollara en el articulado de la Constitución de 1978 las herramientas imprescindibles preconizadas en el Preámbulo de la misma a fin de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”. Tampoco pudo ver, siquiera, que se respetasen los Pactos Internacionales de Derechos Políticos, Económicos y Sociales adoptados por la ONU en 1966, que incluyen el derecho de autodeterminación y de obligado cumplimiento para el reino de España desde abril de 1977, siendo ministro Marcelino Oreja, y tras ser firmados por el rey Juan Carlos I de Borbón.

De haber sido respetados, el articulado de la Ley de Amnistía de octubre de 1977 y la Constitución española de 1978 tendrían a día de hoy una lectura diferente, más acorde con una normativa pacificadora justa y solidaria.

Cinco años después de fallecer el senador Elosegi, el Papa Juan Pablo II reclamó ante la Asamblea General de la ONU por segunda vez -ya lo había hecho en 1979- instaurar los “derechos de las naciones” como garantía de la autodeterminación de los pueblos en la construcción estatal (DEIA, 6 de octubre de 1995, pag. 12) a la vez que propugnó que la ONU superara su condición de carácter administrativo para convertirse en “centro moral” o “familia de naciones, unidas por la mutua confianza, la seguridad y la solidaridad”. En su alocución, el Papa precisó que “nadie puede pensar que una nación no sea digna de existir, aunque este derecho no exija necesariamente una soberanía estatal, siendo posible diversas formas de manifestación jurídica, como los Estados federales, las confederaciones o las autonomías regionales”. Siguiendo su discurso, Juan Pablo II reiteró que “puede haber circunstancias históricas en las que formaciones distintas a las de una soberanía estatal sean incluso aconsejables, pero con la condición de que eso suceda en un clima de verdadera libertad garantizada por el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos”.

Por el contrario, el nacional-catolicismo de la Conferencia Episcopal española, a diferencia del clero católico vasco o catalán, ha hecho oídos sordos al respecto cuantas veces se ha llevado el derecho a decidir al Congreso y PSOE y PP se han aliado contra la inclusión del derecho de autodeterminación de los vascos tanto en el texto de la Constitución española en 1978 como en 2005, cuando el Congreso de los Diputados dio portazo a la Propuesta de Estatuto Político de Euskadi promovida por el lehendakari Juan José Ibarretxe y aprobada por mayoría absoluta del Parlamento Vasco. Posteriormente, en el año 2011, durante la reforma constitucional del tope de déficit, siendo portavoz del grupo parlamentario del PNV Josu Erkoreka, se optó por introducir una enmienda, mediante una fórmula no rupturista, que delegaba en la Constitución la facultad de regular el derecho de autodeterminación, con una formulación basada en la que había aprobado el Parlamento Vasco en febrero de 1990. Pero, otra vez, PSOE y PP se aliaron contra la inclusión de la enmienda, que no llegó, siquiera, a ser admitida a trámite. Al igual que sucedió con otra enmienda redactada en el mismo sentido por ERC. En cualquier caso, las cuestiones catalana y vasca seguirán vivas en tanto que sigamos ejerciendo democráticamente la exigencia de nuestros derechos a la espera de encontrar decisiones políticas valientes y comprometidas, superadoras del neofranquismo actual y de la politización de la judicatura.