En ningún Estado democrático puede haber una tumba de un dictador que sirva para enardecer su figura y rememorar la victoria de un bando en una cruenta guerra civil. Por ser el Valle de los Caídos pura exaltación de la victoria y de la represión debe darse una solución final y definitiva a este monumento de la discordia, el asesinato y el desprecio por la vida humana. Los pasos hacia su definitiva desaparición se dieron en los últimos meses del segundo Gobierno de Rodríguez Zapatero con la creación de una comisión de expertos que reflexionaron sobre este mausoleo, primeros pasos que, tras el paréntesis forzado por el Partido Popular, vuelven a darse con la firme decisión del actual Gobierno de exhumar los restos del dictador Franco para entregarlos a la familia o, en caso de que se nieguen a recibirlos, enterrarlos en el osario común de algún cementerio. Pero para llegar a esta situación ha habido que recorrer un largo camino de reivindicación de la justicia, de la libertad y de los derechos humanos en el que, partiendo de lo más inmediato, es decir, localizar y hallar los restos de las decenas de miles de españoles enterrados en cunetas de media España, se ha llegado hasta el último escenario que durante años fue sólo una quimera: que la tumba de Franco deje de ser noticia. La derecha española entienda de una vez que no debe ejercer el franquismo. Encima el monumento franquista le cuesta 750.000 euros anuales a los españoles.
