Los Servicios de Inteligencia, por su propia naturaleza, no son visibles ni se habla de ellos, aunque se perciben sus consecuencias. El subteniente de la Guardia Civil Pastrana, en declaraciones en televisión, manifiesta ufano que en España se tortura en comisarías y cuartelillos. Hasta ahora se abrían diligencias contra quienes, desfigurados, denunciaban torturas al declarar ante los jueces, a pesar de las múltiples sentencias condenatorias del TEDH. Sin consecuencias. Uno de los componentes de La Manada, guardia civil, ha sido puesto en libertad provisional, debiendo entregar el pasaporte en el juzgado. Se supone que en un exceso de celo, quizá por carecer de él, lo solicitara en la oficina de pasaportes para depositarlo según la sentencia. Lo ha entendido mal: se le exigía si lo tuviera, aunque parece extraño solicitarlo para dejarlo en el juzgado. Porque sería ofensivo para la inteligencia suponer que intentara huir al extranjero. Si así fuera, demostraría un cociente intelectual plano, incompatible con el elevado nivel exigido para ingresar en este cuerpo militar. El funcionario de pasaportes estaría obligado de oficio a comprobar si está en las listas de quienes no pueden salir por orden judicial. Otro laureado servidor del Estado, Billy El Niño, miembro de la BIC, sentenciado por torturador compulsivo cuya extradición ha cursado la jueza Servini, que acusa al policía de crímenes de lesa humanidad, se ha descubierto que percibe una pensión de jubilación incrementada en un 50% por cuatro cruces pensionadas por “servicios prestados”. Todas estas incongruencias serán aclaradas por el nuevo ministro del Interior, el juez Grande-Marlaska.
