LA Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el länder en el que fue detenido el president Puigdemont tras la euroorden de detención cursada por el juez español Llanera, determinó el pasado jueves que el delito de “rebelión” por el que el molt honorable era acusado por el Tribunal Supremo no se ajustaba a derecho ni se homologaba a la figura de “traición al Estado” existente en código penal alemán. La ausencia de violencia que “doblegara la voluntad del Estado”, causó la determinación de anular la acusación de “rebelión” y, por consecuencia, la puesta en libertad con medidas cautelares del president de la Generalitat.

Lo habíamos dicho por activa y por pasiva; las acusaciones contra Puigdemont y el resto de encausados por el procés carecían de fundamento jurídico. Se había convertido un problema político en una macrocausa judicial alambicada sin justificación. Y aunque nuestra voz clamara en el desierto, la justicia alemana, sin contaminante alguno en su decisión, nos ha venido a dar la razón.

Ahora solo falta que la causa de la “rebelión”, aplicada a procesados varios y a personas que injustificadamente se encuentran en prisión preventiva por la defensa pacífica de sus ideas quede inmediatamente y a consecuencia del auto alemán -espacio europeo judicial- desestimada. Y que los presos recobren la libertad que nunca debieron perder. A eso, en el PNV, llamamos principios democráticos.

El pasado domingo -Aberri eguna-, el Partido Nacionalista Vasco, por medio de su presidente, ratificó lo que durante meses venían repitiendo los jeltzales sin que, al parecer, nadie lo tuviera en cuenta. Los nacionalistas vascos ni tan siquiera entrarían a negociar los Presupuestos Generales del Estado mientras estuviera vigente la intervención del autogobierno y de las instituciones de Catalunya tras la insólita aplicación del artículo 155 de la Constitución española. El argumento no era una pose o un subterfugio. Era cuestión de principios. Y pese a la reiteración del mensaje, nadie quiso darse por enterado. Es como si la fuente original -el PNV- tuviera menor credibilidad en sus afirmaciones que toda esa cuadrilla de tertulianos de medio pelo que inundan los platós televisivos sentando cátedra de todo y sobre todo.

El fenómeno ya pasó antes, cuando los mismos enterados de la actualidad política dieron por hecho el voto favorable del PNV a la investidura de Rajoy pese a la incesante negativa de los jeltzales a las sucesivas votaciones. Ahora, aquellos equivocados profetas han vuelto a las andadas. Y su tesis no ha podido ser más peregrina; “después del botín que el PNV consiguió del PP en la negociación presupuestaria de 2017, ahora los nacionalistas no podrán negarse a apoyar las nuevas cuentas”. “Tras el Cuponazo”. como dirían los primos de Rivera, resultaba impensable que el PNV se desentendiera de los presupuestos 2018. Y es que, en Madrid, la acción política es entendida como un mercadeo de intereses espurios. Un zoco en el que se compran y se venden apoyos dependiendo de las contrapartidas obtenidas.

Llegó el día en el que Cristóbal Montoro hiciera entrega del anteproyecto de presupuestos 2018 a la presidenta de la Cámara baja y al gobierno del PP le siguieron faltando los votos suficientes para garantizar su aprobación. El ministro de turno, que de tonto no tiene un pelo, subrayó el incremento de las partidas de inversión referidas a Euskadi (financiación de las obras del Tren de Alta Velocidad). Algunos lo interpretaron como una golosina dirigida a los nacionalistas. Una especie de zanahoria previa al palo que más adelante se guardaban los populares. Todos los medios de comunicación españoles se hicieron eco del incremento de las inversiones presupuestarias en Euskadi, olvidándose de las obligaciones contraídas el pasado año por el gabinete de Mariano Rajoy. Además, que un Ejecutivo español decida hacer frente a sus responsabilidades en una comunidad autónoma (tren de alta velocidad, puertos, aeropuertos?) no debería suponer ni una sorpresa ni, mucho menos, una prebenda política. Así se debería de entender en un país normal. Ahora bien, en España todo es susceptible de interpretarse.

Ni la cifra inversora anunciada a bombo y platillo ni las dulces palabras consiguieron cambiar el paso al PNV. Era una cuestión de principios. Así que, fallado el plan A, los populares entraron en la fase B: las amenazas.

En esto de censurar al PNV, el PP tiene un comando especialmente activo y voluntarioso; el clan de los vitorianos. Primero fue Maroto quien se ocupó de sacudir a los jeltzales. El ex primer edil gasteiztarra fue especialmente duro con el PNV, acusándole de estar preocuparse únicamente “de los independentistas vascos”, poniendo el 155 “por delante del conjunto de Euskadi (...) Cuando uno piensa en su tierra, tiene que meditar estas cosas”. Por lo que no tuvo empacho en calificar la posición de los nacionalistas de un “chantaje” al Gobierno de España. Para evitar dicho “chantaje”, Javier Maroto tuvo una ocurrencia; que los partidarios de la aplicación de la excepcionalidad en Catalunya - el PSOE- les prestaran cinco votos. Las carcajadas aún resuenan.

Otro vitorianico de toda la vida -VTV-, Javier de Andrés, continuó con la teoría del palo. A su juicio, el partido que preside Ortuzar no podía quedarse al margen del acuerdo en los presupuestos españoles y mucho menos bloquearlos. De ser así, el delegado del Gobierno español en Euskadi, que cuando pronunció estas palabras no pensaba en su responsabilidad institucional sino en su militancia en el PP, vaticinó a modo de amenaza que “las inversiones previstas se verían, si no paralizadas, al menos sí retrasadas”. Y, claro está, si eso se llegara a producir, el responsable último sería el PNV.

A De Andrés le siguió Iñaki Oyarzabal y a éste el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, quien interpeló al PNV si en esta formación “mandaba Puigdemont o los independentistas catalanes”. La primera parte del bucle de ataques al partido de Sabin Etxea la cerró Amaya Fernández, secretaria general del PP del País Vasco. Cada vez que habla Fernández, sube el pan. En este caso, la gracia fue afirmar que el “no del PNV a los presupuestos es un no a la subida de los jubilados y pensionistas vascos”. De traca.

Uno está acostumbrado a escuchar cosas verdaderamente disparatadas y entiende la necesidad que determinados dirigentes vascos del PP tienen de hacer méritos ante sus mayores para tener una cierta relevancia en la calle Génova. Lo que no resulta comprensible es que en lugar de buscar la aproximación con el partido que atesora los cinco votos que necesitan, como por activa y por pasiva hace Mariano Rajoy buscando oportunidades en el tiempo que cambie la actual coyuntura, se dediquen a zurrarle la badana cada vez que pueden, alejando cualquier hipótesis futura de acuerdo. Hipótesis que, hoy por hoy, resulta imposible.

¿Por qué? ¿Acaso el PNV ha renunciado a ser garante de la estabilidad? ¿Ha desistido de su intención de, por medio de su influencia, recuperar capacidad de autogobierno para Euskadi? No. En ningún caso.

Recordar, para los frágiles de memoria, que la vocación del PNV no está en el gobierno de España sino en defender los intereses y el futuro de Euskadi allá donde estén en juego. En tal sentido, en condiciones normales, los nacionalistas estarían ya presentando una tabla reivindicativa asociada a Euskadi que pusiera en valor el peso de sus cinco diputados. Lo hizo recientemente en 2017. Idénticamente a lo que lo ha mantenido en su centenaria presencia en Madrid. Para quien lo desconozca, el PNV lleva presente un siglo en el Parlamento español. Solo el Partido Socialista puede decir que lleve tanto tiempo como los nacionalistas en las Cortes generales (guarden ese dato los advenedizos democráticos).

Y hoy como ayer, como relatara en 1918 Manuel Aranzadi -diputado por Navarra-, los nacionalistas vascos reivindican en Madrid que “todos los pueblos, grandes o pequeños, tienen derecho a vivir su vida propia, desarrollando los gérmenes de vida que la naturaleza ha engendrado en su propio seno. (?) Por eso nosotros debemos venir aquí a defender los derechos, las reivindicaciones naturales del pueblo vasco, que se fundan en su nacionalidad”. Cuestión de principios. ¿Queda claro?