EL anuncio al Gobierno vasco por el Gobierno que preside Rajoy de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Presupuestos de Euskadi para 2018 por supuesta inconstitucionalidad de sus artículos 19 y 22 que establecen una subida salarial del 1,5% a los funcionarios vascos y una aportación de hasta un 1% de su salario a Itzarri, ni siquiera debería llegar a considerarse un chantaje o una consecuencia amenazante de la negativa del PNV a apoyar los presupuestos que Rajoy presentó ayer. Es un dislate. Carece de base legal o fundamento lógico y solo puede enmarcarse en la continuada e irracional intervención del gobierno del PP con el fin de limitar el autogobierno y entorpecer la actividad de las instituciones vascas. Ya no se trata solo de inobservancia de la ley, que en virtud del Estatuto de Gernika otorga a Euskadi competencia exclusiva en la “organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones” (artículo 10.2), en el “régimen local y estatuto de los funcionarios del País Vasco y de su administración local” (artículo 10.4) y en el “sector público propio del País Vasco” (artículo 10.24). O de una mera ignorancia de la realidad económica que el mismo gobierno español describe -ha situado el superávit de Euskadi en 2017 en el 1,5%, aunque el Gobierno vasco lo matizara ayer- y que nos sitúa como una de las únicas cuatro comunidades con superávit, mientras el Estado presenta un déficit del 3,07%, lo que desmonta una supuesta apelación a la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera; y de la previsión de crecimiento para 2018 en la que el propio gobierno español basa su proyecto de presupuestos (2,7%). Ni siquiera de que pretenda impedir al Gobierno vasco lo que Rajoy ha acordado con los sindicatos de la función pública, un 1,5% de subida para este año, tal y como publicó el BOE, o lo que el PP tiene previsto en los presupuestos de alguna comunidad en la que gobierna. El absoluto despropósito de la pretensión de Rajoy radica en el razonamiento de que no se ha aprobado el marco presupuestario básico para 2018 en el Estado, lo que mantiene las retribuciones del sector público de 2017. Que es como decir que el contenido de los presupuestos vascos depende de lo que contengan -o de que se aprueben- los del Estado, lo que supeditaría los acuerdos del Parlamento de Gasteiz a los de Madrid y supondría el cuestionamiento de facto, sin apelar al 155 siquiera, del autogobierno vasco.