HEMOS estrenado semana con las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, considerando “ampliación competencial” el hecho de transferir al Gobierno vasco una atribución, la de prisiones, que debería estar traspasada hace ya cuatro décadas en virtud del Estatuto de Gernika. No se ha tratado de ningún lapsus, sino de la constatación del punto de vista del Gobierno del Estado, ahora en manos del Partido Popular, de continuar recentralizando subrepticiamente competencias “que tuvieron sentido en un momento inicial de consolidación del Estado de las autonomías”, tal y como deslizó indefinida y veladamente Catalá.

Lo cierto es que el Ejecutivo central hace ya tiempo que maniobra para controlar las atribuciones de las Comunidades Autónomas, como ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Por eso, el lunes mismo interpelé al ministro Iñigo Méndez de Vigo para que elimine las restricciones que limitan al Ejecutivo de Gasteiz, a quien competen en exclusiva todas las políticas educativas y culturales; una gestión, además, que se ha demostrado más eficiente a raíz de los resultados obtenidos. Como ejemplo, cabe citar la tasa de abandono escolar del 7,9%, la más baja del Estado, donde la renuncia prematura a los estudios alcanza al 20%; o que el 99,4% de los niños y niñas de tres años están escolarizados.

Pese a ser conscientes de ello, sin embargo hay quien aún yerra el disparo, o tal vez apunta conscientemente a quien no debiera. Solo así se entiende que varios sindicatos vascos hayan llamado a la huelga a todos los sectores de educación no universitaria en Euskadi en próximas fechas. Sin poner en duda el derecho que les asiste, no comparto la justificación que utilizan, sobre todo porque apuntan al Gobierno vasco atribuyéndole cometidos que no son de su competencia.

Cada cual sus responsabilidades No se trata de eludir responsabilidades sino de que cada uno asuma las que le corresponden. De hecho, hacemos nuestras las demandas de las centrales y trabajamos para hacerlas llegar a los estamentos oportunos. Por supuesto que compartimos la exigencia de los sindicatos de reducir la temporalidad de los diferentes colectivos englobados en el área de la Educación, por eso hemos requerido al Gobierno del Estado que elimine la tasa de reposición. En el caso de los cuerpos de funcionarios docentes, esta tasa tan solo permite sustituir las plazas que van quedando vacantes como, por ejemplo, las de quienes han alcanzado la edad de jubilación. En consecuencia, la interinidad se estanca y, además, impide reducir los ratios de alumnado por aula o sustituir a los empleados desde el primer día en el que se vean obligados a coger una baja. Cabe recordar que el régimen de sustituciones del personal docente ya fue objeto de recurso por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Tanto el Gobierno vasco como nuestro Grupo Parlamentario en Madrid hemos insistido reiteradamente en la necesidad de que el Gobierno español amplíe las Tasas de Reposición, algo que conllevaría que el Departamento de Educación pudiera ampliar las convocatorias de empleo público. No debemos de olvidar que nuestra actuación debe estar guiada por la búsqueda de una adecuada enseñanza para nuestros hijos e hijas; debe responder a razonamientos de índole pedagógica, que debería determinar cada comunidad, y no a razones de índole meramente economicista. Por mucho que el Estado se haya atribuido competencias que no le corresponden, nuestro deseo es que las cumplan acorde a todo el Plan Educacional en el País Vasco.

Llaman ELA, LAB y Steilas a la recuperación del poder adquisitivo del personal de educación, aspecto que nos parece ineludible. Pero también para ello es necesario eliminar el bloqueo del Estado, que llega no solo de la Tasa de Reposición antes aludida, sino también de otras normativas básicas que corresponden al Gobierno central y de las que depende, por ejemplo, la incorporación del incremento del 1,5% a la nómina de los casi 70.000 funcionarios vascos de todos los ámbitos.

Además de estas, los sindicatos vascos esgrimen otras reivindicaciones contra el Departamento de Educación para llamar a la huelga, como la eliminación de la Lomce; argumento incomprensible habida cuenta de que el propio Gobierno vasco, contra quien va dirigida la jornada de paro, ha presentado el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional por la invasión competencial que acarrea. Cabe citar que los sindicatos también exigen la derogación de Heziberri, el plan estratégico que pretende recoger las líneas marcadas en el ámbito europeo con respecto a la educación para el año 2020. Aunque para las centrales este sea “la versión vasca de la Lomce”, lo cierto es que ambos responden a realidades diferentes e incluso una de las iniciativas de Heziberri, la de fijar los decretos de los currículums de las distintas etapas educativas, está recurrida por el Estado al no cumplir la citada Ley Orgánica. También demandan los sindicatos la necesidad de desarrollar un modelo de inmersión lingüística en euskara que posibilite un alumnado euskaldun y plurilingüe, según sus palabras. Esta cuestión, además de corresponder a la política educativa, sorprende si tenemos en cuenta que son conscientes de que es una cuestión que ya está planteada y que es nuclear de cara a la futura Ley Vasca de Educación. Asimismo, no se debería limitar exclusivamente a la enseñanza pública, ya que también resulta igual de importante para el resto de centros de enseñanza.

El cuidado de la Educación Las competencias otorgadas a Euskadi en el Estatuto de Gernika han hecho que durante casi cuarenta años hayamos podido ir construyendo un sistema educativo con un principal objetivo: que nuestro alumnado obtuviera una buena formación, acorde a los tiempos y a sus necesidades. Para ello, siempre hemos sido muy conscientes de que es imprescindible dar la mayor estabilidad posible a las profesoras y a los profesores, porque eso también redunda en una mayor estabilidad para los centros escolares y, por ende, también para nuestro alumnado. Un sistema educativo en el que el personal docente está bien cuidado los resultados estarán prácticamente garantizados.

Es necesario cuidar al profesorado con un número adecuado de alumnos por aula, con un horario lectivo con garantías, con una mayor estabilidad laboral; por eso debemos lograr para este curso que se lleven a buen fin las Ofertas Públicas de Empleo que permitan cubrir el máximo número de plazas que permita la legislación vigente para 2018. Debemos dejar atrás una legislación estatal que nace de una imposición y buscar un amplio acuerdo educativo que recoja la visión, opinión y conocimiento de los agentes educativos y, por supuesto, de los sindicatos. Sin embargo, para eso el primer e imprescindible paso es no apuntar en la dirección errónea. La responsabilidad es de quienes consideran nuestros derechos una generosa dádiva y tratan de arrebatárnoslos acaparando o interfiriendo en nuestras competencias, y no de quienes precisamente tratamos de evitarlo exigiendo que se respeten.