LO que el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, denunció ayer como “una preocupante deriva anti-autonómica” del Tribunal Constitucional ante conflictos competenciales entre la administración vasca y el gobierno del Estado es la constatación del desmantelamiento último de las salvaguardas jurídicas que pretendidamente la Constitución ofrecía al autogobierno con que se dotó la sociedad vasca por el Estatuto de Gernika. La desnaturalización paulatina del Tribunal Constitucional (TC) como árbitro a través de la designación política de sus componentes, pactada por PP y PSOE, y la paulatina reforma del tribunal hasta dotarle de la potestad de rectificar, interpretándolas interesadamente, las relaciones entre la normas del denominado Bloque Constitucional en el que se integra el Estatuto vasco, constituyen la última herramienta de un lento pero inexorable proceso de recentralización política con la que dar continuidad a la recentralización del poder económico que se inició a finales del pasado siglo. Y es que, en los últimos cinco años -aunque no solo-, la labor del Gobierno Rajoy en pos de ese objetivo ha sido de una intensidad inusitada, tanto por la vía del recurso directo ante el TC de legislación aprobada por el Parlamento Vasco como por la vía contencioso-administrativa, que ha incluido centenares de recursos desde la Delegación del Gobierno o la Abogacía del Estado; como por la aprobación abusiva de normativa básica que cercena las competencias atribuidas (becas educativas, recortes en Sanidad pública, OPE de la Ertzaintza, imposición de normativa fiscal, catálogo ferroviario, leyes de mercado...) sin desdeñar el adelgazamiento de las administraciones públicas que, con la excusa del déficit, se traduce en realidad en un adelgazamiento competencial en favor de un modelo cada vez más uniforme y simétrico del Estado. Así, la exigencia de Erkoreka al Parlamento Vasco para una respuesta institucional de la representación política de la sociedad vasca a esa sustracción por el Estado de aspectos relevantes de nuestras capacidades de gobierno emplaza a un compromiso a todas las fuerzas parlamentarias, sin distinción. Y retrotrae a la reiterada apelación al pase foral que el lehendakari Urkullu realizó en la primera mitad del pasado año como mecanismo capaz de contener y anular el ejercicio unilateral recentralizador del Gobierno del Estado.