La independencia judicial es un deseo, una formalidad y un acuerdo a nivel personal de todos los jueces. Entre ellos, su referente ha de ser la ley como expresión de la voluntad popular. Hay jueces que con sus ideas y respeto reverencial con el poder, con sentencias después anuladas, hacen daño a la imagen de lo que debe ser un pilar del Estado de derecho. Estos jueces patrióticos hacen daño a la imagen exterior de España en materia de derechos humanos. Son denuncias de torturas y malos tratos en las prisiones sobre los cuales la negativa a facilitar una investigación judicial exhaustiva ha hecho que a base de tapar casos y casos, se haya extendido la idea de que en España esas irregularidades son graves y reales. Es estructural como demuestra que Intxaurrondo sea el mayor centro de tortura de Europa en los últimos cuarenta años. El Ministerio del Interior tiene una sentencia de 75 años de cárcel por el asesinato de Lasa y Zabala. Hablamos del general Galindo. El problema que consolida esta idea es el número elevado de casos en los que España ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de Derechos Humanos de Estrasburgo... La jurisprudencia española tenía que empezar a reaccionar y a ser receptiva a esa doctrina.
