No es fácil distraerse del diario carrusel noticiero en materia económica que no tenga que ver con el fraude fiscal, malversación de fondos, corruptelas y otras lindezas. A la cara del ciudadano de a pie mitiga esto el que de vez en cuando trascienden noticias como la de que un sindicato de técnicos de Hacienda sentencia que uno de cada tres alquileres de pisos en el País Vasco se da en dinero negro, escondiendo una bolsa de fraude de unos 145 millones de euros. Por si fuera poco, de reciente aparición, se da un estudio de la UPV que señala con contundencia una economía sumergida del 17% del PIB, que implica pérdida recaudatoria de 3.700 milloncejos. Ante tal reguero, a ese ciudadano lo que le preocupa es si estos descubrimientos se ejecutan, es decir, si los dineros van a las arcas del erario público, sin importarles tanto si los causantes de los desaguisados sufren condena, puesto que hasta su posible estancia en la sombra la tenemos que sufragar todos. Sí que es una pretensión mía el conocer si en ese mundo subterráneo y de cuya valoración he comentado, está incluido el buen hacer de los aitites, ese ejército de irreductibles que, aunque algunos lo obvien, ejercen a plena luz en puertas de ikastolas, en parques infantiles y en domicilios de sus descendientes, y que deben facturar en cálculos de expertos del orden del 1,5% del PIB de Euskadi y que si se declarasen en huelga, paralizarían el país. Y que a pesar de su enconado esfuerzo, no se sabe quien cuidará de ellos cuando lo necesiten.
