Ada Colau ha declarado que no cumplirá las leyes que considere injustas. Desde un punto de vista filosófico, Santo Tomás, considerado como el teólogo en el que se han basado las doctrinas sobre la obligatoriedad de las leyes, en La Suma Teológica manifiesta: “Cuando una ley manda realizar un mal grave, nunca es lícito observar esa ley”. El quid es definir cuáles son esas leyes injustas y sobre todo, las consecuencias que se deriven para quien las incumple. En las constituciones modernas de estados con profundas convicciones democráticas existe la cláusula de objeción de conciencia. Ejemplos los tenemos por doquier. Pero, al margen de filosofías y teorías, la decisión valiente de la alcaldesa de Barcelona debería hacer reflexionar a los legisladores y jueces que con profusión promulgan leyes que protegen los intereses del Príncipe, sean o no justas. Les es indiferente, aducen el “estado de derecho”, lo que presupone que comete delito quien no las acata. Por lo visto, salvar a los bancos de la quiebra, malgastar dinero en armas y soldados, desahuciar, todas esas leyes que amparan esas tragedias y no se remedian, no son injustas. Jueces progres en tertulias y entrevistas expresan opiniones críticas, pero sus sentencias mantienen el tono tradicional. Argumentan que su misión no es cambiar las leyes, solo interpretalas. Intentos de impartirla con imparcialidad, como Elpidio, Castro y pocos más, terminan ellos de víctimas. Los jueces miran con un ojo a los que mandan y con otro a los revolcones del TEDH. Para lograr un cambio en la justicia deberían de cargarse de valor, arriesgar denunciando presiones e insinuaciones, aunque tengan que renunciar a ascender en el escalafón.
