En los límites del ridículo

Una vez más, el Gobierno ha caído en la trampa puesta por los ciudadanos que gozan ridiculizándole. La autoridad ha sucumbido a la provocación y se dispone a dar una respuesta desde la venganza. Se llama legislar en caliente. Hay que recordar que las imágenes difundidas por televisión en el acto de la celebración de la final de Copa, constituyó un sainete: las autoridades en el palco sin mover un pelo. El himno sonando por los altavoces a toda pastilla, pero apagado por los estridentes pitidos de una masa eufórica, que aprovechaba la oportunidad para humillar, desde el anonimato protector y sin riesgo, a quienes culpan de los problemas que les acucian. Como es lógico, si las medidas que adopte el Gobierno responden a impulsos sin reflexión de los mandamases heridos y humillados por la plebe, esta va a comprobar que los que mandan tienen un punto débil. No habrá ley ni policía que les prive del placer de provocar al poderoso. En el futuro en ocasiones similares en las que se tercie, los pitidos se van a escuchar fuera del sistema solar. El Gobierno debería moderar sus ansias de venganza; tiene que aceptar que el derecho a la libre expresión es un bien a proteger, tal como falló la Audiencia Nacional, nada sospechosa de apoyar a los revoltosos. Es de justicia citar al president de la Generalitat, Artur Mas, que fue el único de los allí presentes que aportó una sonrisa en aquel acto difícil de entender, y después unas manifestaciones llenas de sensatez a aquella imagen esperpéntica de la ceremonia previa del partido. También el lehendakari Urkullu trató de rebajar la presión provocada por las autoridades que no han sabido controlar su ira, amenazando sin reflexionar, pues se debaten sobre qué medidas adoptar si se tiene en cuenta que los tribunales consideran que lo sucedido en el Nou Camp es un derecho constitucional. De todas formas, atención a las medidas que se decretarán si el Gobierno no se autocontrola y busca venganza. Que recuerden que en Madrid, en un partido entre la selección nacional y la francesa, se pitó a La Marsellesa y el Gobierno consideró que se estaba ejerciendo el derecho a la libertad de expresión.