Una vez más el Poder Judicial, representado en este caso por la jueza Ángela Murillo y otros dos magistrados, nos deleita con una sentencia más que previsible contra el entorno de la izquierda abertzale; siete jóvenes condenados a seis años de cárcel por su pertenencia a SEGI han sido condenados por “participar en asambleas, colocación de carteles, realización de pintadas, preparación de conciertos?”, evidentes señales de violencia terrorista para la Audiencia Nacional. En el camino queda una sentencia absolutoria de la Audiencia, por supuesto de otros magistrados, en junio de 2014 de cuarenta jóvenes acusados por los mismos delitos. 21 jóvenes más en este mismo proceso han sido absueltos o se les ha retirado los cargos, eso sí, tras pasar todos ellos una temporadita en prisión preventiva. Es decir, solo un 10% de los acusados, detenidos y procesados finalmente son condenados en primera instancia en una resolución totalmente arbitraria. Este ratio en la empresa privada habría provocado el cese en pleno del equipo directivo -llamémosle jueces, fiscales o policías en este contexto-. Para más inri, los condenados, vuelven a ser detenidos, como en 2010, para mayor escarnio y humillación de sus familiares, pese a que tienen la potestad de recurrir al Supremo, donde confío serán absueltos. Injustificable castigo para jóvenes que cumplían su mayoría de edad cuando ETA dejó, gracias a Dios, de matar.
