EL hecho de que la polémica en torno a las ayudas de emergencia social y, más concretamente, a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que ayer vivió otro capítulo en el Parlamento Vasco, se entienda ya excesiva e innecesariamente prolongada salvo para el turbio interés electoral que la provocó, no debe impedir que se analice la misma en toda su crudeza ni siquiera por evitar estimular el peligroso populismo que la impulsa. Porque sentados los datos de la enorme labor de cohesión social y contención de la marginación que las ayudas sociales llevan a cabo -el consejero Juan María Aburto cuantificó ayer en más de un 12% la reducción del descenso de ingresos entre los más necesitados que se logra con las AES- mediante la comparación con el entorno social más próximo (en el Estado el porcentaje de familias con impagos duplica al de Euskadi) e incluso respecto a Europa (solo el 3,1% de los vascos tienen dificultades de alimentación por el 8% de los alemanes); únicamente cabe preguntarse por el verdadero motivo que empujó al alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, y junto a él a la dirección del PP del País Vasco, a cuestionar un sistema de protección social eficiente, proporcionado con la tradicional solidaridad de la sociedad vasca y, sobre todo, evidentemente necesario, más aún en tiempos de crisis como los que desgraciadamente aún no se han superado. La simple consideración del porcentualmente muy reducido fraude en la percepción de ayudas como razonamiento para dificultar el acceso a las mismas, es decir, para reducirlas; no se sostiene por cuanto se razona en un argumento economicista que ni siquiera es cierto ya que no considera las consecuencias -también en el orden económico- de no evitar la deriva de un cierto porcentaje de la población hacia la marginación social y, posiblemente, la delincuencia. Pero, además, pretender centrar la, además de inmoral, ilógica desde el punto de vista socioeconómico restricción de las ayudas en colectivos de población concretos denota la absoluta falta de ética de quien lo propone desde la responsabilidad de un cargo público, que no debe hacer distingos entre los ciudadanos, mucho menos, por supuesto, si se pretenden acotar derechos en virtud de su consideración o no como votantes. Y es eso y no otra cosa lo que pretenden Maroto y el PP azuzando la polémica sobre las ayudas sociales.