LA rectificación a que se ha visto forzado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, para dejar sin efecto la orden ministerial publicada el pasado 29 de octubre en el BOE y que, ya iniciado el curso, planteaba el nuevo requisito de haber contado con una beca el pasado curso para que los estudiantes del programa Erasmus pudiesen acceder a la ayuda ministerial; no es sino uno más en el largo currículum de despropósitos que jalonan la ya excesivamente larga trayectoria de Wert al frente de la cartera y especialmente en el ámbito de la Educación. El ministro, contestado desde todos los ámbitos de la enseñanza a raíz de su empecinamiento en imponer la unánimemente criticada reforma que plantea la que se ha denominado Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) -que acaba de recibir 11 vetos y 770 enmiendas en el Congreso y 8 vetos y 871 enmiendas en el Senado-; el mismo responsable ministerial que hace unos días ha comprobado cómo el Tribunal Supremo aceptaba a trámite el recurso de la Ceapa, la coordinadora de asociaciones de padres y madres de alumnos, que pretende paralizar el proyecto de becas de su ministerio; había sido desautorizado ya en esta su última pretensión no solo por los responsables educativos de diversas Comunidades Autónomas, incluidas varias gobernadas por el PP -La Rioja, Extremadura, Galicia...- sino también por altos cargos del PP y del Gobierno que preside Mariano Rajoy y hasta por la propia Comisión Europea, que ayer mismo consideró impropio defraudar las expectativas de los estudiantes una vez incluidos en el programa Erasmus, matriculados en las diversas universidades europeas e iniciado el curso. Pero es que, además, el pretendido recorte de las ayudas que planteaba el todavía ministro, aun si es comprensible en su intención de limitarlas a aquellos estudiantes que más las necesitan, no entra a la raíz del problema, que no es otro que la alta proporción de universitarios -44.000 este curso, de los que 38.000 perciben la ayuda- que en comparación con otros países de la UE se adhieren en el Estado español al programa Erasmus, en muchos casos como solución a la falta de oportunidades formativas y laborales que ofrece el Estado español, carencias que las políticas pretendidas por Wert no contribuyen precisamente a paliar.