HAY momentos en que determinadas decisiones pueden cambiar radicalmente el futuro previsto. En la transición democrática, los ciudadanos de Catalunya recibieron con ilusión y esperanza el Estatuto de 1979 que suponía volver a los niveles de autogobierno -con menor poder político pero con más competencias- alcanzados durante la Segunda República con el Estatuto de 1932. Sin embargo, el café para todos y la Loapa (1982) diluyeron progresivamente esas ilusiones y esperanzas iniciales. En aquellos momentos, el independentismo estructural apenas llegaba al 10%. Incluso Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que ya durante la Segunda República, cuando era la fuerza política hegemónica, mantuvo posiciones autonomistas propias del catalanismo republicano del que procedía Lluís Companys, aunque había sectores más radicales como Estat Català, el que había sido el partido de Francesc Macià, que apostaban claramente por la independencia.
El 28 de junio de 2010 fue uno de esos momentos que cambian el curso de los acontecimientos. Ese día, el Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia sobre el Estatuto de Autonomía aprobado en referéndum por los ciudadanos de Catalunya y por las Cortes españolas en 2006. El Estatuto de 2006 fue el último intento del socialismo catalán para quedarse en España. Como señaló el presidente Pasqual Maragall, "la propuesta de Catalunya se ha hecho con sentido de Estado. Se ha hecho para seguir estando en España? Cataluña considera a España como una nación de naciones". Era un estatuto que llegó a las Cortes españolas avalado con el respaldo del 90% del Parlament catalán y sin un marco de violencia que entorpeciera el proceso de construcción nacional. Pero la promesa de José Luis Rodríguez Zapatero de apoyar el Estatuto que llegara del Parlament aprobado por una mayoría clara no se cumplió. Por el contrario, a las rebajas introducidas por el acuerdo de Artur Mas con Zapatero (enero de 2006) y a su paso por las Cortes se añadía en 2010 la sentencia del TC que dejaba irreconocible el texto aprobado por el Parlament en septiembre de 2005. La multitudinaria manifestación en Barcelona del 10 de julio de 2010, convocada por todos los partidos catalanistas, los sindicatos y multitud de entidades de la sociedad civil y de los movimientos sociales y encabezada por los representantes de las instituciones catalanas, fue el punto de no retorno: para millones de ciudadanos de Catalunya la vía estatutaria estaba muerta, sin recorrido. La sentencia supuso para muchos catalanes el momento de la ruptura sentimental con España. El lema de la manifestación había sido claro y contundente: "Somos una nación, nosotros decidimos". No había marcha atrás, había empezado el camino por el derecho a decidir.
A partir de ahí, con el trasfondo de los costes sociales que estaba provocando la crisis económica más grave sufrida desde la guerra civil y que golpeaba especialmente a las clases medias y populares, la vía independentista se abrió camino. Tras la suerte corrida por el Estatut y los incumplimientos por parte del Gobierno español de lo acordado en el texto estatutario (lo que quedó del mismo tras la sentencia) y en el nuevo modelo de financiación, gran parte de la sociedad catalana consideró que no había otra salida que la creación de un Estado propio dentro de Europa, tal como rezaba el lema de la manifestación más multitudinaria que había habido nunca en Catalunya, la de la Diada del 11 de septiembre de 2012. Fue una manifestación transversal, convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que se constituía oficialmente en marzo de 2012 y cuyo embrión creció al compás de las consultas sobre la independencia (2009-2010). Las consultas abarcaron 553 municipios (incluida la ciudad de Barcelona) de un total de 946, con una participación media del 18,9% del censo electoral previsto y una abrumadora mayoría de votos (91,7%) favorables a la independencia.
Después de la manifestación de la Diada, Artur Mas quemó el último cartucho que le quedaba intentando negociar con Mariano Rajoy el pacto fiscal, tal como figuraba en el programa electoral de CiU de 2010. Rajoy se cerró en banda: no había nada que negociar. Y Mas volvió de Madrid con las manos vacías. No cabía más opción que avanzar las elecciones porque a partir de entonces ya no podía contar con el apoyo del PP para aprobar los presupuestos. Además, la manifestación del 11 de septiembre había demostrado que gran parte de los ciudadanos de Catalunya había apostado por ejercer el derecho a decidir (el derecho de autodeterminación), dando por amortizada de antemano cualquier otra iniciativa estatutaria, de pacto fiscal o de "encaje en España".
Las elecciones castigaron duramente la política de recortes de CiU y las contradicciones políticas e ideológicas del socialismo catalán, el PSC, lo que desde Madrid se leyó como una derrota no solo de CiU, sino del independentismo. Grave error porque, a pesar de la inapelable derrota de CiU, el resurgimiento de ERC (hoy segunda fuerza del Parlament catalán), el ascenso de ICV-EUiA y la aparición de la Candidatura de Unitat Popular (CUP) configuraron un Parlament donde 107 diputados, de un total de 135, apoyan el derecho a decidir (dentro de la legalidad en el caso de la dirección del PSC, no así en lo que queda del sector catalanista). En consecuencia, el primer pleno del nuevo Parlament aprobaba el pasado mes de enero la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya (inicialmente, el PSC votó en contra aunque 5 diputados se negaron a votar porque no estaban de acuerdo con el no y posteriormente apoyó resoluciones similares en Madrid rompiendo por primera vez la disciplina de voto del PSOE), donde se apostaba claramente por ejercer el derecho a decidir en la actual legislatura y por empezar a construir los elementos básicos necesarios para la transición hacia un estado independiente. En esa línea se constituía el pasado mes de abril el Consell Assessor per a la Transició Nacional, que tiene como objetivos "definir las estructuras propias de un estado propio catalán, ofrecer información a la ciudadanía para que pueda conocer de primera mano qué ventajas y desventajas puede tener una Catalunya independiente y asesorar al gobierno en todo este proceso soberanista". En su primer y largo informe, 25 de julio, señalaba cinco vías (desde la ley de consultas que aprobará el Parlament hasta una lectura flexible de la Constitución) para que sea legal el referéndum.
Es en este contexto, la ANC ha llamado a una Diada "diferente" este 11 de septiembre. Inspirándose en la Vía Báltica (en agosto de 1989, casi dos millones de personas unieron sus manos para formar una cadena humana de seiscientos kilómetros que atravesó Letonia, Lituania y Estonia que todavía formaban parte de la URSS), ha convocado la Vía Catalana que hoy, a las 17.14 (fue en 1714, hace trescientos años, que las tropas borbónicas ocupaban Barcelona y ponían fin a las instituciones catalanas) unirá sus brazos para formar una cadena humana que cubrirá los cuatrocientos kilómetros que separan el Perthus de Alcanar, las actuales fronteras de la Comunidad Autónoma de Catalunya. Además de los participantes (más de cuatrocientos mil) 30.000 voluntarios han participado en la organización y tendrán cuidado de la seguridad y la coordinación de la cadena. Sin duda, si la Vía Catalana tiene la misma repercusión mediática internacional que la Diada de 2012 se habrá dado un paso más en el camino del derecho a decidir. El primer éxito ya se ha logrado, pues este verano en Catalunya no se hablaba de otra cosa que de la Vía Catalana, ¿por dónde discurrirá?, ¿dónde y cómo apuntarse (hay que identificarse con el DNI)?, ¿con quién y dónde irá cada uno? Probablemente, el Gobierno de Rajoy hará caso omiso o intentará no darse por aludido de una voluntad claramente explicitada, porque no es fácil movilizar a centenares de miles de personas a centenares de kilómetros de su residencia habitual. Alguien debería advertirle: ¡Houston tenemos un problema!
