Alicia en el país de las encuestas
EL alboroto organizado por la presidenta del Partido Popular en Catalunya a cuenta de la grabación de su conversación con la ex amante de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor de quien fuera presidente de la Generalitat, ha quedado en lo que alguien ha calificado de farsa, con un final del cual Duran i Lleida ha dicho que "no entiende nada" (algunos pensarán que tampoco entiende nada de muchas otras cosas y se equivocarán).
Recordemos que Alicia Sánchez Camacho dijo que "llegaría hasta el final" para saber quién ordenó el supuesto espionaje y que, además, las supuestas revelaciones de su contertulia sobre posibles evasiones de capital de su ex pareja a Andorra, fue uno de los elementos de ataque a CiU durante las pasadas autonómicas.
Aceptar ahora 80.000 euros para olvidar el asunto con la exigencia de que no se publique nada de lo que hablaron dice bien poco de la consistencia política de la interesada, y más de un interés crematístico, aunque sea a favor de entidades sociales que luchan contra la pobreza. Dice que ha conseguido llegar al fondo, que para ella es un reconocimiento por parte de Método 3, "que cometió actos ilícitos". Lo cual no es del todo cierto si nos centramos en la transcripción de la agencia de detectives, donde reconoce que "dos ex empleados grabaron y difundieron la conversación", con lo cual causaron un daño a la presidenta del PP.
Más aún, el autor material de la grabación, el detective Àlex Borreguero, a través de su abogado Rubén Romero, dice estar estudiando la presentación de una querella contra la política por "falsa denuncia", desde la insistencia en que ella conocía y autorizó la grabación. Y añade que él pagó materialmente el almuerzo, a cuenta de la empresa de investigadores, que ratifica este segundo dato.
La otra comensal, María Victoria Álvarez, firmante también del acuerdo, se ha declarado dispuesta a seguir hasta saber quién ordenó la acción. En todo caso, la señora Sánchez Camacho ya ha sido llamada a comparecer ante el Parlament para dar explicaciones sobre su curioso comportamiento en torno al asunto y la fiscalía estudia actuar de oficio ante el carácter semipúblico de los supuestos delitos, por la condición de senadora de la afectada (al parecer, sólo por ser diputada de la cámara catalana no se derivaría ese efecto). El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha evitado opinar, se ha mostrado comprensivo con la compañera de partido (y de territorio) y ha dejado la cosa "en manos del juez".
Lo más claro del (por ahora) desenlace del sainete es el compromiso de confidencialidad, el interés porque no tenga publicidad el contenido de la conversación, aunque en parte ya sea conocida y por eso Método 3 anuncia también como parte del pacto una querella contra los "ex empleados" que hicieron aquellas filtraciones. También que queda libre de sospecha el ex líder socialista José Zaragoza, inicialmente señalado como el cliente que hizo el encargo a la agencia.
Alguna voz catalana ha empezado ya hablar de contubernio PSC-PSOE-PP, ahora que ha empezado el deshielo entre Rajoy y Rubalcaba, y que la parte catalana de los socialistas se ha desmarcado aún más del impulso al derecho a decidir, al no participar de entrada en la comisión "para la transición nacional" donde están CiU, Esquerra, Iniciativa-verds, la Candidatura de Unidad Popular, los sindicatos UGT y Comisiones, las patronales de empresas medianas y pequeñas, representantes de municipios y diversas entidades de la sociedad civil, hasta una treintena larga de miembros.
Y en éstas que el Centro de Estudios de Opinión (el organismo estadístico de la Generalitat) publica una nueva encuesta que, en lo substancial, viene a coincidir con la de la semana anterior en El Periódico, aunque con matices, derivados, además de por la característica del promotor, por la diferencia de entrevistas, que en el caso de las públicas ha pasado de 800 a 2.000. El dato central es que los republicanos ganarían las próximas autonómicas, a día de hoy, con 38-39 escaños (17 ó 18 más), mientras que CiU perdería entre 13 y 15 para quedarse como segunda fuerza en 35-37. Los otros grandes perdedores serían el Partido de los socialistas (PSC), que pasarían de 20 a 16, y el PP, de 19 a 13-14. Iniciativa se quedaría prácticamente igual o ganaría un representante (13-14) y los grandes beneficiados serían Ciutadans (diferente pero bastante homologable a UPyD), que aumentaría en un 50% (de 9 a 12) y la radical CUP, que duplicaría (de 3 a 6 parlamentarios).
CiU ha leído la tendencia como el precio por gobernar recortando, pero no se puede descartar la sensación de división interna con la tibieza de Unió ante la soberanía propia, de la misma manera que está pagando sus batallas interiores el PSC, donde buena parte de los que se dicen sus electores ni siquiera conoce a Pere Navarro, el secretario general. Porque en la misma encuesta, el 55% de la población (incluido el 22% de votantes del PSC y el 43,9% de los de ICV-IU) anuncia que votaría por la independencia, por un 23,4% que lo haría en contra y sólo un 15% que no votaría.
Y en éstas que, de momento sólo en un virtual, encontramos una noticia de concordia vasco-catalana, que tanta falta hace. Los eurodiputados Izaskun Bilbao y Ramón Tremosa (CiU) han visto aprobada su enmienda a un informe sobre las lenguas minoritarias europeas para que catalán y euskera se consideren "en peligro de extinción" y pedir a la Comisión de la UE que exija a los gobiernos su protección y subvencione su enseñanza. Aunque no será fácil que la iniciativa llegue a buen puerto, con España y -más aún- Francia de por medio, el hecho de una acción coordinada entre los representantes de las dos naciones ya es mucho. Sólo cabría pedir que tenga continuidad, cuando las cosas se pongan (aún) más difíciles para cualquiera de las dos.