EN el día 100 de su segundo mandato, el president Mas, tomando como pie sus habituales metáforas marineras, lanzaba un SOS con tintes desesperados porque la situación económica de Catalunya, y de la Generalitat, es insostenible. Al punto que no solo están en peligro la economía, las cuentas públicas, y la atención social en general, sino el propio autogobierno, o -podríamos matizar- lo que queda de él. El máximo responsable del ejecutivo nacional del Principat reiteraba la petición de rescate, en forma de integración a un ejecutivo de base amplia, a ERC y al Partido de los Socialistas (PSC), por ahora sin perspectivas de mayor éxito que en las ocasiones anteriores y recientes.

Desde el centro, el presidente español reiteraba la disposición a negociar sobre cualquier cosa, "siempre que sea dentro de la ley", repetición del cerrojazo a todo tipo de diálogo sobre la consulta de autodeterminación. Justo cuando, desde Andorra, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que visitaba el pequeño coprincipado, reafirmaba el derecho de todos los pueblos a autodeterminarse, en referencia directa al catalán.

La ley de consultas, que debería servir de base jurídica a la que Mas continúa considerando irrenunciable, continúa su avance en el Parlament. Con cambio de nombre, para añadir que las solicitudes de opinión a la ciudadanía han de ser sobre asuntos "de la competencia" de la Generalitat o de los gobiernos locales convocantes. Además, se debaten enmiendas sobre quiénes podrán manifestarse con sus votos y si se restringe el universo inicialmente previsto, de todos los mayores de 16 años que se encuentren en el país, inmigrantes incluidos, o se establecen límites más estrictos en la edad y en las condiciones a los residentes extranjeros, de legalidad, empadronamiento, o años de estancia en el territorio.

Se busca que el texto tenga, como mínimo, el mismo apoyo cuantitativo de los 104 miembros de la cámara (77% del total) que avalaron la celebración de la consulta, condicionada a su legalidad, y que el texto no pueda ser rechazado tras el previsible recurso español al Tribunal Constitucional. De hecho, esos 104 parlamentarios están convencidos que la redacción actual es plenamente acorde con la Constitución.

Justo en el mismo día, el instructor del llamado caso Palau, del saqueo al Palau de la Música-Orfeó Català por parte de sus responsables, Millet i Montull, imputaba al tesorero de Convergència Democràtica (CDC) un supuesto delito de recogida de fondos -a través de la entidad cultural- de Fomento de Construcciones y otras empresas, del 4% del total de las obras públicas adjudicadas por el govern y declaraba al partido responsable subsidiario de los 2,3 millones de euros supuestamente recaudados por ese procedimiento. Y, a la vez, el grupo de ERC cambiaba de criterio y se sumaba a la oposición para reclamar la comparecencia al Parlament del actual consejero de Interior, Espadaler, para responder de presuntas irregularidades en asuntos turbios, como los supuestos espionajes de Método 3 pero a cambio de extender la petición de aclaraciones en el mismo foro, entre otros, al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Parecería claro, si nos atenemos a las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y del propio Mariano Rajoy, que el Gobierno español se predispone a aumentar el margen del déficit público catalán para este año, si la Unión Europea lo flexibiliza para el conjunto del Estado, y hasta a abordar un cambio del sistema de financiación autonómica más justo con el Principat.

Ocurre, sin embargo, que la experiencia demuestra el valor -de papel mojado- que han venido teniendo no ya las promesas, sino los acuerdos escritos y suscritos y hasta la parte que quedó del Estatut. Y, por eso, pero no solo, sino por la presión popular, el gobierno de CiU, ERC y los otros dos partidos que les muestran un "apoyo crítico" para ese objetivo soberanista -PSC y la Unió de Duran- mantienen contra viento y marea el proyecto de consulta, aunque complique las "concesiones" en materia económica y de financiación.