LA propuesta del todavía presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con el plácet del líder de la oposición y quien puede sucederle, Mariano Rajoy, que ya planteó algo similar hace semanas; para reformar la Constitución española de 1978 con el fin de incluir en el texto de la Carta Magna una norma que establezca una garantía de estabilidad presupuestaria y, por tanto, un techo de gasto como protección a la situación financiera del Estado se antoja certera en el fondo, es decir, en el objetivo; pero no tan atinada en las formas, un tanto excesiva, cuando no innecesaria, en cuanto al aparataje legislativo preciso y al menos inoportuna a tres meses de unas elecciones generales y el consiguiente cambio en la estructura y el liderazgo gubernamental sea quien sea el vencedor en las urnas. En primer lugar, cabe preguntarse si el planteamiento de reforma constitucional, la segunda que se realizaría en 33 años tras las leves modificaciones introducidas para adaptarla al Tratado de Maastricht y permitir a los ciudadanos de la UE residentes en el Estado presentarse en las elecciones municipales, proviene de una decisión del Gobierno o su presidente o por el contrario llega impuesta no ya desde la gobernanza económica -si esta realmente existe- de la Unión Europea, sino desde el eje París-Berlín que la controla. En ese caso se estaría produciendo una extraña injerencia externa nada menos que en la redacción de la principal ley que rige el Estado español y su soberanía. En segundo lugar, aunque efectista y en el mejor de los casos efectiva a medio-largo plazo para prevenir futuras situaciones de riesgo, la reforma constitucional no influirá en el devenir de la crisis -que algunos expertos ya vaticinan recesión generalizada en Europa en 2012- en los próximos meses ni contribuirá a solucionar los problemas financieros del Estado ni las consecuencias en esos problemas de la todavía no descartable falta de acuerdo comunitario en torno al rescate de Grecia. Y en tercer lugar pero como consecuencia de todo lo anterior, llama poderosamente la atención que quienes una y otra vez han considerado la Constitución como un texto cerrado e intocable y garantía de la inmutabilidad de la soberanía española frente a reivindicaciones que en diversas partes del Estado son claramente mayoritarias, como las demandas de mayor autogobierno planteadas por Euskadi y Catalunya, llegando incluso a que los poderes del Estado hayan rechazado o sustancialmente modificado sendos proyectos aprobados por los parlamentos vasco y catalán y en este último caso incluso mediante referéndum, se avengan a acordar un planteamiento de reforma constitucional que ciertamente no es imprescindible para alcanzar el objetivo de control de gasto que se dice pretender.