LA ostentación verbal por Patxi López del papel institucional de la rúbrica a que ha quedado postergado en la asunción de las once competencias cuya transferencia correspondía al primer semestre de 2011 en el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado alcanzado por el PNV con el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, confirma que la presunción comparte genes con la carencia. Y el atrevimiento con la ignorancia. No pudiéndose negar que el Ejecutivo que él preside firma y hace efectivos los traspasos, por cuanto a la primera institución de la CAV corresponde por lógica la formalización institucional del acuerdo, López nunca ha debido arrogarse una negociación en la que no solo no ha tomado parte sino durante la cual ha quedado en evidencia su incapacidad para cumplir los deberes que el artículo 9.2 del Estatuto de Gernika señala a los poderes públicos vascos "en el ámbito de su competencia". El propio reconocimiento por López y por el ministro de Política Territorial del Gobierno español, Manuel Chaves, de que las once transferencias suponen "avanzar en el objetivo del desarrollo completo del Estatuto", lo que proporciona nuevas herramientas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, constata que, por un lado y treinta y dos años después de su aprobación en referéndum por la sociedad vasca, el Estado -es decir, los gobiernos que lo han regido desde entonces, incluidos los formados por el partido de López y Chaves- aún no ha cumplimentado el nivel competencial que se especifica en los catorce artículos del Título I del Estatuto, ello sin detrimento de los derechos históricos que contempla la Disposición Adicional. Y, por otro lado, que dicho incumplimiento se ha mantenido y aún hoy se mantiene a pesar de los deseos expresados por la sociedad vasca, de su predisposición y de la incidencia del autogobierno en sus índices de calidad de vida y, por tanto, a pesar de las obligaciones inherentes al gobierno que preside el propio López. Lo que, además, viene a corroborar que la labor de gobernar la Comunidad Autónoma Vasca y la dependencia estructural e ideológica intrínseca a la pertenencia a un partido de ámbito estatal presentan intereses encontrados. Ayer mismo, las conversaciones sobre la negociación colectiva, en las que el PNV arrancó el compromiso formal de la prevalencia de los convenios autonómicos en caso de conflicto con el convenio estatal, que era uno de los puntos que exigía la mayoría sindical vasca y no había sido contemplado en las conversaciones entre el Gobierno español y los sindicatos mayoritarios en el Estado, corroboran esa impresión. Es, en definitiva, un problema de orden de prioridades en lo que el propio López ha denominado excursiones a Madrid: la defensa del autogobierno en un caso y el congreso extraordinario del PSOE en el otro.