LA firma ayer del acuerdo por el que UPN y PSN forman un gobierno de coalición para regir las políticas de la Comunidad Foral de Navarra durante los próximos cuatro años y la pugna verbal, contenida pero explícita, mantenida en algún momento del acto entre la presidenta de la formación de derecha navarra y candidata a presidir la Comunidad, Yolanda Barcina, y quien ejercerá como su vicepresidente, el secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez; escenifica en Nafarroa desde el primer momento la dificultad de gobernar la incoherencia que ya ha quedado patente en la Comunidad Autónoma Vasca tras el Acuerdo de Bases suscrito por PSE y PP hace más de dos años. Las discrepancias ideológicas entre partidos teóricamente de signo contrario y el contraste en el compromiso con sus votantes -si es que este sigue existiendo- en materias concretas, como puede ser en el caso navarro la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias, pero en cualquier otro caso las políticas económicas o sociales a implementar obligan a acuerdos de desarrollo difuso y tan abierto -se puede comprobar tanto en el Acuerdo de Bases como en el firmado por UPN y PSN- que permite evitar sintácticamente la incongruencia para facilitar un reparto de materias y responsabilidades, pero que finalmente desemboca en una condicionada y escasísima efectividad del gabinete. Es lógico que suceda así cuando un gobierno se configura no en orden a desarrollar un programa, que difícilmente puede acordarse entre formaciones claramente antagónicas en sus principios, y por tanto sin un diseño del modo a afrontar y solucionar los problemas de la sociedad que debe dirigir, sino con el objetivo confeso de impedir el acceso al poder de otras formaciones -PNV en el caso de la CAV, NaBai y Bildu en el caso navarro- y el fin inconfesable de llevar a cabo una lenta pero inexorable reforma de las características específicas que distinguen a esa sociedad. No se trata, en definitiva, de gobierno proactivos, sino de Ejecutivos reactivos a esas características y a aquellas formaciones que las defienden, so capa de una pretendida y férrea alineación frente a presuntas actitudes violentas que aun llegando a ser comprensible ahora se antoja además contraproducente. Sin embargo, esa actitud de reacción hacia todo lo que se separe e incluso simplemente matice la única coincidencia ideológica del socialismo y la derecha españolas en Hegoalde, la unidad de destino en lo constitucional, lleva al gobierno resultante a exacerbar sus actitudes identitarias contrariando a un sector mayoritario, como ha sucedido en la CAV, o muy importante de la sociedad, distrae la acción de gobierno de lo que debe ser su auténtica prioridad en momentos de grave crisis económica y lo aboca consecuentemente al deterioro interno y al fracaso a los ojos de la ciudadanía.