EL acceso de Bildu a los gobiernos de las instituciones municipales y, en el caso de Gipuzkoa, su previsible asunción del Ejecutivo foral han retrotraído el discurso político a parámetros que parecían superados, aquellos en los que cualquier actividad institucional y toda opinión política quedaban condicionadas por la expresión -o la no expresión- pública de la condena de la violencia de ETA, hoy en tregua "permanente general y verificable". No se puede obviar que la actitud desplegada por la izquierda abertzale en torno a los actos de conformación de las corporaciones municipales también ha recuperado en casos concretos algunos tics intransigentes y sectarios que se creían superados, tampoco que han sido los representantes de Bildu quienes en sus discursos y prioridades han direccionado la política municipal hacia fines que poco tienen que ver con la gestión diaria de los ayuntamientos; pero al mismo tiempo es preciso señalar que el intento de exclusión planteado por PP y PSE desde el primer momento en que se conocieron los resultados del 22-M no contribuyó a relajar tensiones. Por el contrario, la política de frentes que se adivina renovada con el anuncio de la presentación por el PP de mociones de condena a ETA en todos los municipios en los que ha logrado representación no hace sino favorecer la crispación y fomentar el riesgo de prostituir principios que sí son básicos, pero cuyo respeto y defensa no dependen de un mero ejercicio de retórica, postergando además a un segundo plano la verdadera razón de ser de los ayuntamientos: la política y gestión municipal. Bien es cierto que para los representantes de Bildu no debería resultar traumática la aprobación de mociones contra la violencia de ETA -lo que resolvería el problema de raíz- cuando ya la han repudiado en el compromiso que suscribieron como condición para presentarse candidatos y cuando la propia coalición la rechaza en sus principios constitutivos, pero también que esa no es la única violencia desplegada durante años en Euskadi a condenar y que los compromisos explicitados por Bildu al respecto son superiores a los que PP y PSE han admitido respecto a su relación con esas otras conculcaciones de derechos. Pero, sobre todo, no se puede soslayar que en ambos extremos hay quienes consideran idónea esa política de frentes y bloqueo porque, por un lado, permitiría disfrazar posibles dificultades o carencias en el desempeño de la responsabilidad municipal y, por otro, dificultaría una normalización que dicen perseguir pero temen en cuanto a que podría dar efectividad política a la demostrada mayoría social aber-tzale. Sin olvidar que la polarización de la vida política en el ámbito más cercano al ciudadano busca penalizar a la que, por conjugar la defensa de los derechos fundamentales individuales y colectivos y la gestión efectiva de las instituciones, ha sido y es la primera fuerza del país.