LA posibilidad, anunciada ya hace semanas por DEIA, de un adelanto de las elecciones generales previstas para marzo de 2012 al próximo otoño y más concretamente al mes de noviembre, se dibuja ya como motivo añadido al debate banderizo que ni siquiera la manufacturada designación de Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato impide en el seno del Partido Socialista. En realidad, el intento de agotar cuanto antes la legislatura ya iba previsiblemente incluido en la petición de congreso extraordinario que, lanzada a la opinión pública por Patxi López, aceleró los acontecimientos, obligó a Carme Chacón a apartarse y llegó a cuestionar el control que José Luis Rodríguez Zapatero ejercía, o ejerce, sobre el aparato del PSOE, poniendo en peligro su continuidad al frente del partido y, en consecuencia, del Gobierno. Ahora bien, si el debate público sobre un posible adelanto electoral no debió nunca proyectarse, como en el caso de López, por el afán particular de tratar de ocultar los desastrosos resultados de su formación en las municipales y forales vascas -setenta mil votos menos, casi uno de cada tres, y solo ocho ayuntamientos en sus manos-, mucho menos debe basarse en intereses partidistas la decisión propiamente dicha de adelantar o no las elecciones. No se trata únicamente de un problema socialista, puesto que también el PP, nada más concluir el 22-M, exigió el adelanto electoral tratando únicamente de aprovechar la buena ola de sus resultados y sin detenerse a analizar si dicha premura sería o no conveniente en la situación económica y social del Estado. Pero es al Gobierno, a Zapatero, a quien compete tomar la decisión y por tanto quien debe contemplar en toda su amplitud el horizonte electoral bajo la responsabilidad de sus efectos en los dos vectores que marcarán el futuro: la superación de la crisis económica y su terrible efecto en el desempleo y la culminación de un proceso de paz que parece reforzarse con los resultados cosechados en las municipales por Bildu. Y si respecto al primero parece aconsejable que sea un gobierno saliente -y por tanto menos mediatizado por las consecuencias y más coherente con las necesidades- quien sufra el desgaste de la toma de decisiones precisa para remontar la crisis, respecto al proceso de paz es evidente que cuanto más se avance con Zapatero, más difícil será también que Rajoy sucumba a las presiones del ala más extrema del PP y los grupos mediáticos españoles para deshacer lo andado; lo que aconsejaría tratar de agotar los cuatro años de legislatura. Se trata de priorizar el interés general de la sociedad siempre, también en Euskadi, donde curiosamente el sentido común dicta todo lo contrario: no prolongar durante dos años más un gobierno inoperante frente a la crisis y afianzar la normalización con una representación política que responda en todas las instituciones a la realidad social vasca.
