LA decisión del Tribunal Supremo, como instancia última, de otorgar a la Hacienda del Estado español en detrimento de las haciendas vascas el derecho a la recaudación de los 435 millones de euros del IVA por la importación de vehículo MG-Rover desde 1990 a 2005 a través de un centro logístico en Araia (Araba) supone un serio contratiempo económico para las arcas institucionales de nuestro país, especialmente para las del Gobierno vasco, abocado a devolver 304,5 millones, tres cuartas partes de la cantidad total y un 4,5% de los ingresos fiscales de este año, en tiempos de crisis económica y tras meses de penuria recaudatoria. Sin embargo, más allá del mero aunque importante aspecto pecuniario, la decisión del Tribunal Supremo desvela otros aspectos básicos y no menos relevantes en relación a la imprescindible defensa del autogobierno desde la principal institución de la Comunidad Autónoma Vasca y en referencia al debido respeto a dicho autogobierno por parte del Estado. Aun en el caso de que el Ejecutivo español, a través de otro respeto debido, el que se supone a los resultados del acuerdo alcanzado en su día con la representación del PNV en el Congreso a cambio del apoyo de ésta a los Presupuestos Generales del Estado, y por los cauces políticos reembolse a las haciendas vascas lo que el Supremo dictamina ahora -curiosamente en el inicio de la campaña electoral- que éstas deben abonar a Madrid, tanto dicho dictamen como la presentación en su día del recurso por el Gobierno español desdeñan la resolución tomada por unanimidad en la Junta Arbitral -formada por juristas independientes- en la que se deben dilucidar las diferencias en torno a la aplicación del Concierto Económico, tal y como estipulan los artículos 65, 66 y 67 del propio Concierto en la fórmula establecida por la Ley 12/2002 de 23 de mayo y posteriormente por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. Es decir, el recurso del Gobierno español y la resolución del Tribunal Supremo, cuestionan de raíz el mismo Concierto Económico que, en virtud de otro acuerdo en las Cortes, se decidió en su día blindar. Dicha actitud irrespetuosa con las leyes del autogobierno vasco y los acuerdos alcanzados que emana -y no es la primera vez- desde Madrid tiene, además, una segunda lectura mucha más cercana y preocupante por cuanto constata bien la incapacidad del Gobierno que preside Patxi López para frenar o siquiera condicionar las decisiones que sus compañeros de partido toman a nivel del Estado o bien una incomprensible dejadez a la hora de defender los intereses no ya de su propio Ejecutivo sino también del resto de las instituciones vascas (diputaciones y ayuntamientos) y en consecuencia de la sociedad a la que debe representar.
