LA constatación documentada de que el Ayuntamiento de Barakaldo que dirige el socialista Tontxu Rodríguez ha adjudicado por decisión personal, es decir, sin concurso ni control público alguno, contratos por 20,8 millones de euros en los últimos seis años es también la constatación de una práctica al menos irregular -si en algún caso es ilegal o no deberá ser dictaminado en su momento por un juez- con un reiteración que solo puede llevar a escándalo. Que Tontxu Rodríguez haya resuelto de esta forma 610 expedientes con hasta cincuenta contratos incluidos en un solo expediente y de ellos 511 vía decreto entre 2004 y 2007 quiere decir que el alcalde socialista de Barakaldo ha contratado sin ningún tipo de control público al menos -si no más- una vez cada dos días de su mandato. Peor aún, lo ha hecho pese a haber recibido las consiguientes y también reiteradas advertencias del interventor municipal y precisamente para eludir los reparos suspensivos de las contrataciones que este ha emitido, siguiendo las especificaciones legales, durante todo este tiempo ante las denominadas "contrataciones verbales", excluidas de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público salvo en el caso de catástrofe o emergencia (artículo 97). Pero es que es precisamente esa utilización cotidiana de un recurso de Alcaldía para situaciones excepcionales en la contratación de servicios comunes a la actividad administrativa o de gobierno la que da forma a la presumible irregularidad a través de una actitud mucho más que cuestionable por su desprecio al control del gasto del dinero de los contribuyentes. Si además dentro de ese abuso de la excepcionalidad hasta convertirla en práctica común se incluye también una repetición de los adjudicatarios beneficiados por las contrataciones, con cadencias de hasta cinco contratos en un solo mes como sería el caso de la empresa que entonces era propiedad de quien hoy ostenta un alto cargo en el Gobierno de Patxi López, y dichos contratos rozan siempre el máximo permitido para no tener que dirimirse en un procedimiento negociado (en competencia con otras empresas); la irregularidad se transforma en evidencia. Y cuando se comprueba finalmente que casi la mitad de esos veinte millones adjudicados sin control efectivo, más de nueve millones y medio de euros, también lo han sido en contratos con el grupo de empresas que ha gestionado los grandes servicios asistenciales de Barakaldo, en algún caso con adjudicaciones sin licitar al de seis años de la prestación del servicio, también pese a las recomendaciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la evidencia exige una explicación que, en el colmo de la soberbia y el desdén hacia las garantías públicas, Tontxu Rodríguez se ha venido negando siempre a proporcionar al pleno y, a través de éste, a los ciudadanos de Barakaldo.