EL sobreseimiento y archivo por el Juzgado nº 7 de Bilbao de la denuncia impulsada por el Departamento de Sanidad que dirige Rafael Bengoa e interpuesta por la Fiscalía contra el ex director de Sanidad en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, que se consideraba pieza principal de las acusaciones políticas en torno al denominado caso Margüello; la absolución por la Audiencia Provincial de Bizkaia del ex jefe de la Inspección Fiscal del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral, Juan Ramón Ibarra, tras ocho años de acusaciones desde la oposición e imputaciones de cohecho, desobediencia y prevaricación ahora desestimadas; el archivo por el Tribunal de Cuentas del Estado de la investigación trasladada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y abierta a instancias del Gobierno vasco sobre la Fundación y la sociedad tenedora del Museo Guggenheim por supuesta y ahora desechada pérdida patrimonial en la compra de divisas y a consecuencia del affaire Cearsolo... demandan en adelante de los partidos y de quienes los representan la responsabilidad y la prudencia de que hasta ahora han carecido y plantean a la sociedad la necesidad de exigirlas y, en su caso, de reprobar en consecuencia actitudes que socavan la credibilidad de las propias formaciones políticas pero además y especialmente la de las instituciones públicas. Porque todas esas decisiones judiciales y otras similares respecto a otros casos también amplificados mediáticamente durante meses en un intento de enredar a la sociedad en una presunta y ahora demostrada falsa trama de corrupción e intereses, desvelan su propósito espurio y el verdadero objetivo de desgastar al rival electoral (el PNV) por el que se han venido filtrando y magnificando circunstancias no documentadas y no probadas sin detenerse en el perjuicio que se ocasionaba al propio sistema democrático. Apelar tras conocer las resoluciones de los tribunales a que éstas no interfieren en el ámbito político y los compromisos inherentes al mismo, como han hecho portavoces autorizados de los partidos (PSE-PP) que impulsaron y amplificaron los interrogantes sobre la gestión de los imputados y ahora absueltos, es desconocer o confundir interesadamente el papel que se reserva a las comisiones de investigación del Parlamento, convirtiéndolas en tribunales fiscalizadores no sólo de la acción política e institucional sino también de las decisiones judiciales. Y aunque en alguno de los casos dichas formaciones tuvieran una insospechada tentación de esgrimir la observancia de un respeto impoluto y milimetrado a los principios de la moral -respeto por otra parte imprescindible en todo representante político- no podrían hacerlo mas que desde la incongruencia de haber rechazado esa misma exigencia en sus formaciones y en casos éticamente mucho más cuestionables que los ahora resueltos.
