EL robo sistemático de bebés durante 40 años lleva camino a convertirse en un asunto que podría desestabilizar los cimientos de las administraciones en el Estado español. No hay semana en la que las asociaciones que han surgido ante la dimensión de los casos de familiares desaparecidos no organizan citas para recabar información, avanzar en un banco de ADN que dé solución a las denuncias o criticar la falta de implicación de los organismos públicos. Y es que, lo que hasta hace unos pocos años eran testimonios de algunas familias relatando casos que pudieran parecer más o menos estrambóticos, se ha convertido en un movimiento cada vez más global que trata de esclarecer la tupida y siniestra red de complicidades entre médicos, clínicas, personal sanitario y religiosas que hizo posible que este tipo de hechos que se iniciaron tras la Guerra Civil como escarnio hacia el bando "vencido" se prolongara hasta bien entrados los ochenta convertida en una práctica con tintes clasistas y crematísticos. Incluso el mismo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, cuya Fiscalía ha rechazado abrir una única investigación para resolver el robo de niños, ha llegado a reconocer que los casos crecen "cada día", lo que supone todo un reto para los órganos judiciales que deberán apurar su capacidad para esclarecer hechos que sucedieron hace ya décadas. Es lo que ha ocurrido en Donostia, donde la Asociación de Adopciones Irregulares ha exigido al Juzgado que salgan a la luz las hojas de los abortos practicados antes de 1975 al ser la única prueba que muchas mujeres pueden presentar para demostrar que llegaron a dar a luz y sin ellas no se pueden presentar las correspondientes denuncias. Si la maquinaria judicial echa a andar y es eficaz, habrá que ver cómo se depuran responsabilidades por la actuación de decenas de profesionales de la medicina y religiosas que, con el poder que se les atribuía, no solo han cometido delitos sino que han destrozado la vida de miles de familias cuya trayectoria ha estado marcada por la ausencia del bebé que llegó a nacer y del que nunca se supo nada. Y si los casos se van resolviendo, al igual que lo ocurrido en Argentina con los niños nacidos de madres encarceladas, pesa como una losa cómo van a recomponerse los lazos familiares rotos por una moral llena de prejuicios, la codicia y la venganza política. Hay que tener en cuenta que, además de la trama organizada y de las familias rotas, hay personas a las que literalmente se les ha robado su identidad, con la complicidad, a su vez, de otras familias que compraron -también literalmente- a bebés a quienes han educado bajo engaños sobre su procedencia. Asuntos demasiado turbios como para que queden en la más absoluta impunidad.