EL Parlamento Vasco aprobó la pasada semana una propuesta para que el Gobierno ponga en marcha este año ayudas dirigidas a las víctimas de motivación política y constituya un "espacio institucional administrativo" que dé cobertura a este colectivo. La iniciativa estaba impulsada por todos los grupos, excepto PP y UPyD, -aunque los populares se han sumado luego a ella de forma parcial- y trata de amparar a aquellas personas que han sufrido situaciones de violencia por parte de los aparatos del Estado, la mayor parte de ellas sin vinculación alguna con ETA. Pero la cuestión del reconocimiento de las víctimas de la violencia es ante todo un asunto de derechos humanos: los derechos humanos son universales y alcanzan a cada ciudadano y ciudadana independientemente de su condición social, judicial, política, religiosa o penal, por lo que no cabe una interpretación restrictiva de las consecuencias de su violación en función de quién o quiénes sean los autores. Ni tampoco de la caracterización de la víctima. Es evidente que el terrorismo de ETA acumula la mayor parte de las víctimas, pero no por ello se puede ni se debe olvidar el terrorismo derivado de la guerra sucia impulsada desde los aparatos del Estado, las desapariciones o los casos de tortura y malos tratos condenados algunos de ellos en los tribunales, incluso las personas y familias sometidas a la violencia franquista y a décadas de represión y persecución a cuya memoria aún se ponen obstáculos. Obviar, como se ha pretendido desde algunas instancias, estas violaciones de los derechos humanos supone un intento de discriminación y de obviar parte del sufrimiento humano generado por la violencia en este país. De hecho, las víctimas de ETA han alcanzado el necesario y legítimo reconocimiento social, político y económico. Asimismo, y en los planos aún por definir, los damnificados por la violencia de motivación política, todos ellos, deben estar reconocidos. Todas las víctimas, todos los sufrimientos. Y aunque quienes hayan vivido de forma directa las consecuencias de la violencia política jamás podrán ser suficientemente resarcidos, el derecho a la verdad, la justicia y la memoria alcanza a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por eso, es también importante la asunción institucional de esta realidad y el rechazo social a la instrumentalización política y electoral de unas u otras víctimas para avanzar hacia la reconciliación social y la normalización política. Y una apuesta política y ética por el reconocimiento a todas las víctimas de las diferentes violencias sigue siendo imprescindible si lo que se pretende es que estén garantizadas la libertad individual y las libertades colectivas y que el futuro se erija sobre pilares básicos de justicia y memoria.
