EL cierre patronal, y mal denominada huelga, decretado por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en Primera y Segunda División en sus respectivas jornadas 30ª y 32ª a disputar este fin de semana, con la negativa a secundarla de seis clubes -Athletic, Real Sociedad, Sevilla, Villarreal, Espanyol y Zaragoza- supone la evidencia del fracaso de las políticas de tolerancia y subvención del fútbol profesional mantenidas por los sucesivos gobiernos del Estado español. Hace 26 años, en junio de 1985 y con el Ejecutivo de Felipe González, el entonces secretario de Estado para el Deporte, Román Cuyás, firmaba el primer Plan de Saneamiento del fútbol, que condonaba una deuda de 20.727 millones de pesetas de los clubes de Primera, Segunda, y Segunda B a cargo del 2,5% de la recaudación de las quinielas y a cambio de tres condiciones etéreas: saneamiento (que pagaba el Estado), control económico (que se dejaba en manos de la LFP, es decir, de los propios clubes) y potenciación del fútbol. Seis años después, en enero de 1991 y otra vez ante una deuda acumulada por los clubes superior a los 31.000 millones de pesetas, el sucesor de Cuyás, Javier Gómez Navarro -hoy presidente de Aldeasa y del Consejo Superior de Cámaras de Comercio- firmaba con Antonio Baró, presidente de la LFP, el Convenio de Saneamiento que cancelaba las deudas exigibles a los clubes que militaron en 1ª y 2ª en las temporadas 1989-90 y 90-91 si se convertían en sociedades anónimas en virtud de la Ley del Deporte de 1990 y les otorgaba otro 7,5% de la recaudación de las quinielas, hasta completar el 10% que ingresan en la actualidad. Todos los clubes salvo Athletic, Osasuna, Real Madrid y Barcelona se acogieron a la conversión en S.A. durante 1992. Once años después, en 2003, aquellos 31.000 millones (190 millones de euros) se habían convertido en 2.600 millones de euros y a 30 de junio de 2010, la deuda reconocida por los clubes en sus propios balances ascendía ya a 3.289 millones de euros (¡547.244 millones de pesetas!). Hoy, la exigencia de la LFP es la de eliminar el último partido televisado en abierto, es decir, el único por el que no cobran; elevar por encima del 10% lo que ingresan de la recaudación de las quinielas y percibir un porcentaje del resto de las apuestas deportivas. Incluso los seis clubes que no apoyan el cierre patronal estarían de acuerdo con la exigencia si no discreparan del reparto de los ingresos televisivos que pretenden clubes como el Real Madrid (630 millones de euros de deuda a 30 de junio), Valencia (550), Atlético (511) o Barcelona (489) y que incidirá en desvirtuar una competición ya condicionada por el endeudamiento perenne de los clubes en las últimas tres décadas. Hoy, como en 1985 y en 1991, aumentar el capítulo de ingresos de los clubes no servirá de nada. Hay que cambiar de patrón: el problema del fútbol se asienta en el capítulo de gastos, en el modelo de negocio de los clubes y en la permisividad hacia sus dirigentes.