EL crecimiento exponencial de la inmigración y, en consecuencia, del número de alumnos extranjeros en el sistema educativo vasco, que se ha multiplicado por diez pasando de poco más de dos mil a más de veintidós mil en una década; supone un reto añadido tanto para los centros que los acogen como para los responsables políticos, quienes deben arbitrar medidas y programas que ayuden a la integración de estos alumnos mediante, entre otras vías, su reparto equitativo tanto por centros como entre la red pública y la red privada. Sin embargo, desde que hace ya dos años el Parlamento Vasco instara al Departamento de Educación que dirige Isabel Celaá a implementar las medidas pertinentes para evitar la concentración del alumnado inmigrante como más que presumible obstáculo a esa necesaria integración, el número de centros que superan el porcentaje del 20% de alumnado extranjero que los expertos consideran límite para una correcta gestión de la problemática ha aumentado y un total de 68 colegios o escuelas de la Comunidad Autónoma Vasca, uno de cada diez, superan incluso el 25%; en doce de ellos el alumnado inmigrante es más numeroso que el autóctono e incluso hay algunos centros que doblan o triplican ese 20% recomendado. Al tiempo, se ha ampliado la diferencia entre la red pública y la privada: sólo uno de los doce centros con más del 50% de alumnado inmigrante es privado y ocho de cada diez alumnos de origen foráneo se encuentran en centros pertenecientes al sistema público de educación. En definitiva, en dos años no sólo no se ha conseguido reducir el riesgo de marginación y aislamiento de las bolsas de alumnado extranjero sino que dicho riesgo ha aumentado progresivamente pese a que Euskadi es una de las Comunidades Autónomas con menor índice de foráneos del Estado, únicamente seis por cada cien habitantes, lo que debería facilitar la tarea. Pero siendo ello preocupante, por cuanto indica una tendencia contraria a todas las recomendaciones para la consecución, mediante la educación de nuestra juventud, de una sociedad justa e igualitaria en oportunidades; lo es aún más el hecho de que el Departamento de Educación haya sido incapaz a lo largo de dos años no ya de arbitrar medidas paliativas o correctoras del problema, sino ni siquiera de plantearlas más allá de la nada concreta fórmula de los incentivos a los centros con más número de inmigrantes expresada ayer por la consejera Celaá, la misma que desde la oposición exigía de modo ferviente que se cumpliera del modo más estricto con la recomendación del límite del 20% de alumnos inmigrantes en las aulas vascas y planteaba que todos los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, los colegios públicos y concertados, colaborasen a tal efecto en plano de igualdad.