Velocidad y (tocino) crudo

LA limitación de la velocidad máxima en la circulación por autopistas y autovías a 110 km/h a partir del 7 de marzo anunciada ayer por el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero se ha justificado en la necesidad de ahorro energético derivada de la situación de inestabilidad que se vive especialmente en Libia, origen del 13% de las importaciones de crudo y tercer suministrador del Estado tras Irán y Rusia. Sin embargo, dicha justificación no se basa en un presunto riesgo de problemas en el suministro de petróleo -posibilidad que el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba rechazó de manera tajante- sino en el montante de la factura global que debe abonar el Estado ante el incremento del precio del barril provocado por dicha inestabilidad o, en su caso, si se viese obligado a sustituir el suministro libio por el de otros países. Esto es, en realidad no sería el consumo sino el precio lo que preocupa al Gobierno a pesar de que el Ejecutivo niegue una influencia de la escalada de precios en sus planes económicos y sus presupuestos y, por tanto, en la previsión de crecimiento fijada para 2011. De hecho, si la limitación de velocidad en autopista tuviese como objetivo una reducción del consumo, existen medidas tan o más eficaces que los 0,057 céntimos sobre el precio total del combustible (impuestos incluidos) que en condiciones normales podría ahorrar un vehículo por kilómetro recorrido a 110 km/h en lugar de a 120 km/h, lo que se traduce en 0,7 litros en 100 kilómetros. Pero es que además, y pese al anuncio del (improbable) cambio inmediato de la señalización vial -que en todo caso supone un coste para el erario público y beneficiaría a contadísimas empresas- la limitación de velocidad se asemeja a aquella otra medida de corte similar e idénticos objetivos que en 2008 limitó la temperatura en edificios públicos y centros comerciales y que se ha comprobado dos años después totalmente ineficaz ante una incapacidad de control trasladable a autopistas y autovías. Aun así, podría entenderse que la limitación de velocidad anunciada -Dinamarca, Polonia, Rusia y Suecia ya la tienen situada en 110 km/h, aunque por otros motivos- estuviera ligada al Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020, que el Gobierno también aprobó y presentó ayer. Pero se da el caso de que el riesgo de accidente en las carreteras del Estado se ha reducido un 50% en 10 años, especialmente por la construcción de autovías y autopistas, y que, según el estudio europeo EuroRAP, los tramos de riesgo se sitúan en carreteras de calzada única. Y no se trata de criticar la limitación, sino de preguntarse qué persigue el Gobierno socialista si ésta no viene impulsada por un riesgo de suministro, no afecta a los planes económicos, tiene un efecto inapreciable en el ahorro y el consumo energéticos y no incide en la reducción de accidentes.