Leyendo en prensa sobre los típicos rifirrafes en torno a los servicios mínimos previstos por los sindicatos en el transporte público para el día de huelga del próximo 29 de septiembre, caí en la cuenta de que, el transporte público que todos los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos, lejos de satisfacer necesidades propias de la ciudadanía, responde más bien a cubrir los requisitos mínimos imprescindibles para el buen funcionamiento del entramado empresarial, sea para transportar la mano de obra a su lugar de trabajo, sea para conducirla a los centros neurálgicos de consumo.

Todavía recuerdo aquellos tiempos en los que las empresas fletaban el transporte a sus trabajadores e incluso los centros comerciales hacían de todo para atraer a la potencial clientela. ¿Qué ha sucedido entonces para que los ciudadanos a la mañana paguen de su bolsillo el transporte individual o colectivo que les ha de llevar a los centros de producción y por la tarde vuelvan a pagar de nuevo para acercarse a las grandes superficies y centros de consumo, mermando con ello de una parte el salario percibido y por otra aumentando considerablemente el coste de los bienes adquiridos?

Es más, cuanto más lo pienso más convencido estoy de dos cosas: Primero, el transporte público debería ser abonado íntegramente por las empresas que se benefician mayoritariamente de su funcionamiento y no costearse, como ocurre ahora, con las subvenciones, los impuestos y los sueldos de los trabajadores. Y segundo, que a lo mejor a personas como a mí, se nos debería pagar por ir en ellos.