La amenaza de los controladores aéreos del Estado ha tenido ya el efecto de amargar las vacaciones a decenas de miles de ciudadanos que están pendientes de salir en vuelos con dirección a sus destinos de descanso o tienen billetes para regresar de éstos en la segunda quincena de agosto. Para hacerse idea del volumen de personas potencialmente afectadas por este conflicto laboral, basta recordar el dato dado a conocer a finales de julio: 4,3 millones de personas hicieron uso de un avión entre el 30 de julio y el 3 de agosto pasados. En total, 28.391 vuelos. Durante el resto de agosto, el número de vuelos programados es de 173.525. El aeropuerto de Loiu moverá este mes 511.134 pasajeros. Con todos esos ciudadanos pendientes de una tarjeta de embarque, los controladores aéreos decidieron el martes por aplastante mayoría (98,25%) habilitar a la Junta Directiva de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) para que convoque una huelga, cuando los estime procedente y con la duración que considere más adecuada para forzar la consecución de sus reivindicaciones. Y parece que ese sindicato ha decidido jugar la carta de la incertidumbre sobre fechas y duración de los paros, como un elemento más de presión ante Aena y ante el Gobierno español, del que depende este organismo. Esa incertidumbre puede ser más dañina para los usuarios y para las aerolíneas y las empresas del sector turístico que la propia huelga en sí. Hacer públicos los días de huelga limitaría a estos las afecciones (amén de los daños colaterales en las fechas del entorno) y permitiría a los usuarios ir buscando desde ya soluciones alternativas. La ocultación de las fechas (no es creíble que el citado sindicato no sepa aún cuándo es más conveniente para sus intereses la realización de la protesta) lleva a un auténtico galimatías de cábalas, previsiones, diseños de planes B... a las personas que se puedan ver afectadas. Si en un lado de la balanza se pone a un ciudadano tipo (como modelo de decenas de miles) que debe dedicar parte de sus vacaciones a gestionar una vuelta a tiempo a su casa o a su centro de trabajo, y en el otro platillo situamos a un colectivo como el de los controladores, cuyas condiciones laborales firmaría la inmensa mayoría de los trabajadores (los datos oficiales hablan de sueldos base de 170.000 euros, por 1.200 horas anuales, y retribuciones medias de 350.000 si se realizan horas extras), el resultado será de una desproporción evidente. Todo trabajador tiene derecho a la huelga, pero, también, todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un periodo de descanso sin tener que estar siempre pendiente de que otros compañeros utilicen esa circunstancia como palanca de presión. Si los controladores no controlan su fuerza, difícilmente podrán esperar solidaridad alguna cuando recorten sus preciados derechos.