MENOS de veinticuatro horas después de que el Gobierno español aprobara el decreto-ley que desgrana los recortes sociales y el reajuste en la inversión pública para hacer frente al desorbitado déficit del Estado, Patxi López asumía ayer ante el Parlamento Vasco la aplicación de las medidas en Euskadi e incluso abogaba por una reforma fiscal que grave a las rentas más altas con similar inconcreción a la que ha manejado en este asunto el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, el Gobierno de Lakua no gobierna por sí mismo, no legisla -apenas ha sacado cinco leyes en más de un año, incluida la imprescindible de los presupuestos, y lleva un retraso palpable en su propio calendario legislativo- y se limita a actuar por mímesis de lo que realiza el Gobierno español, independientemente de que sea lo más conveniente para Euskadi, en una tan evidente como absurda supeditación que obvia conscientemente el autogobierno estipulado por el Estatuto de Gernika y reconocido por la Constitución de 1978 incluso en casos que, como algunas de las medidas a las que se refería ayer López, son competencia de las diputaciones en virtud del régimen foral. En otras palabras, de la actitud del Gobierno López se puede deducir que no sólo no trata de completar el Estatuto -tal y como se comprometió ante los electores- al no haber logrado ninguna transferencia en estos doce meses largos al frente del Gobierno vasco, sino que hace incluso dejación de las competencias que ya habían sido asumidas y desarrolladas por ejecutivos anteriores para someterse al dictado y las necesidades económicas y políticas de Madrid. Que incluso el mismo socio preferente, Antonio Basagoiti, acusara a López de no utilizar las potencialidades del Concierto Económico para reactivar la economía da la medida de hasta qué punto el Ejecutivo de Lakua carece de iniciativa y capacidad y padece de debilidad congénita -en apenas una semana ha mantenido dos serias discrepancias con quien le aupó y le sustenta en el Gobierno- y refleja su disposición a renunciar a las capacidades del autogobierno y, por tanto, a su responsabilidad ante la sociedad vasca. Porque, aun siendo posible que algunas de las medidas aprobadas por Madrid fuesen trasladables a Euskadi tras ser acordadas con el resto de las instituciones, lo cierto es que la situación económica vasca dista mucho, por fortuna y gracias a las políticas económicas de gobiernos anteriores en épocas tanto de bonanza como de crisis, de la profunda depresión que acecha al Estado español y, por tanto, su aplicación no sería sino un innecesario sacrificio impuesto a los ciudadanos vascos en aras de paliar lo que los socialistas, como reconocía un día antes la propia vicepresidenta económica española, Elena Salgado, han contribuido a empeorar desde el Gobierno de Madrid.