LA doble comparecencia del ministro José Blanco, en el pleno de control del Gobierno y en la Comisión de Fomento, para explicar el alcance del recorte de 6.045 millones en la inversión en infraestructuras durante 2010 y 2011 anunciado en el denostado plan antidéficit de José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a demostrar el nivel de indefinición e ineficacia en que se mueve el gobierno socialista y la utilización interesada de los tiempos en la comunicación de los detalles del decreto a quienes se van a ver directamente afectados por el mismo. Porque mientras Zapatero se esfuerza infructuosamente en la búsqueda de los apoyos o al menos las abstenciones imprescindibles para sacar adelante su plan, o precisamente por ello, Blanco limitó la exposición a un resumen generalista del recorte y anticipó una rebaja de 3.200 millones este mismo año pero se resistió a especificar los proyectos afectados pese a que extendió su incidencia "a todas las Comunidades Autónomas y a toda obra pública". Y ello sólo puede significar que el retraso de un año en todas las infraestructuras, que sí anticipó, o la segura paralización o suspensión de planes afectará a las diversas administraciones independientemente de cuál haya sido su gestión, de cuál sea su situación económica y presupuestaria y de cuál sea el estado de ejecución y la urgencia de los proyectos. En ese sentido, de la anunciada supeditación de las obras y sus recortes únicamente a genéricos "criterios de eficiencia, competitividad y contribución a la cohesión" del Estado se deduce una arbitrariedad en las decisiones que provoca estupefacción y una honda inquietud respecto a proyectos claves en el desarrollo de Euskadi, como la Y vasca o las infraestructuras portuarias, sobre todo, cuando ya se ha apuntado la reducción de algún proyecto, el Puerto de Pasaia, o se han filtrado retrasos en otros, como las estaciones -entre ellas la de Abando- que deberán recibir al tren de alta velocidad en la Comunidad Autónoma Vasca y, por tanto, en la finalización de la Y, con sus consecuencias, tal vez ni siquiera previstas, en cuanto a las aportaciones europeas y a la conexión a la red transeuropea, cuyas prioridades, para colmo, Blanco se atreve a discutir. Si ya la magnitud del recorte de la inversión pública hizo albergar múltiples dudas sobre su conveniencia debido al efecto negativo que a buen seguro tendrá en la recuperación de la economía y del empleo para lograr un ahorro real limitado -por cada euro invertido el Estado recupera 0,6 euros en impuestos y Seguridad Social-, la indefinición de Fomento y la extensión del café para todos a la rebaja de dicha inversión cuestionan ya definitivamente la capacidad del gobierno socialista para hacer frente a una situación que él mismo ha ayudado a crear y urgen en paralelo al Ejecutivo que preside Patxi López a exigir lo que, en virtud del autogobierno y de los acuerdos firmados, corresponde a Euskadi y a sus ciudadanos.