LAS medidas presentadas ayer en el Congreso por José Luis Rodríguez Zapatero y encaminadas a la urgente reducción del grave déficit estatal son difícilmente rebatibles en cuanto a su necesidad, pero al tiempo sencillamente criticables en cuanto a su oportunidad, es decir, el momento en que se decide ponerlas en práctica; la parcialidad en su afección y su intrascendencia respecto a los verdaderos motivos estructurales causantes de una situación que excede incluso ese déficit del 11% del PIB que ha puesto al Estado español al borde de la suspensión de pagos. No es posible negar que la reducción de las retribuciones del personal del sector público (en torno a 4.000 millones de euros) y de la inversión pública (6.045 millones) eran, llegados a esta situación, poco menos que imprescindibles. De hecho, ambas suman el 70% de los 15.000 millones de gasto que se pretenden reducir hasta final de 2011 debido a la nítida exigencia internacional. Pero otra cosa es que CC.AA. y ayuntamientos, aun cuando su gestión frente a la crisis y la deuda pública haya sido mucho más eficaz, se vean afectados por extensión en el mismo porcentaje de responsabilidad en la reducción del déficit (1.200 millones) que las administraciones que han pecado de todo lo contrario. El desequilibrio financiero y, en consecuencia, las medidas necesarias para paliarlo no se pueden analizar independientes de las causas que han generado el primero y hacen ineludibles las segundas, porque su evolución no es ajena, sin ir más lejos, al carácter populista de algunas de las iniciativas del Gobierno socialista en tiempos de bonanza (por ejemplo, los 1.250 millones que supondría en 2011 el cheque-bebé que ahora ha decidido eliminar), a la tardanza, no exenta de interés electoral, con que se aceptó la propia existencia de la crisis; y a la inacción o la incapacidad que ha caracterizado al Ejecutivo a la hora de paliar las consecuencias de la misma durante nada menos que dos años. Y todo ello ha condicionado no sólo la dureza y extensión de las medidas que ahora se anuncian, sino también que éstas estén enfocadas exclusivamente a las consecuencias de la mala gestión y de la perversión del sistema económico y financiero en lugar de a una reestructuración de las bases de la economía estatal que seguirá siendo necesaria si se pretende evitar que el problema se reproduzca. En consecuencia, aun sin llegar a la demagogia empleada ayer por Mariano Rajoy cuando solicitó la revisión de las subvenciones a partidos, sindicatos y empresarios, sí cabe exigir del Gobierno que la actuación no se circunscriba a un recorte de derechos y prestaciones sociales que afectan a quienes han sido menos partícipes en la génesis de la situación, sino que se dirija a quienes sí han tenido responsabilidad en su desarrollo y su descontrol. Empezando por lo que se antoja un lógico recorte de ministerios en el propio Ejecutivo.