LAS advertencias llegadas desde los mercados financieros a lo largo de los últimos diez días, con la recalificación de una deuda soberana que no deja de crecer y el cuestionamiento, cada vez más generalizado de la solvencia del Estado español, que como recordaba hace sólo unos días Bill Gross, responsable de la mayor gestora de renta fija del mundo, ha incurrido trece veces en los últimos doscientos años en incumplimientos de las condiciones de préstamo; son algo más que indicadores de un deterioro económico en el que las dudas sobre la capacidad de las entidades bancarias -poseedoras de un tercio de las letras, obligaciones y bonos emitidos por el Estado- y de las empresas del Ibex -que ayer cerró con una caída semanal del 13%- para asimilar la situación se suman a la incertidumbre por el 20% de paro, más del doble de la tasa griega, y un déficit publico que alcanza el 10%. Con esas premisas, culpar a los especuladores, como trata de hacer el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obviando que la responsabilidad de impedir ese tipo de actuación recae en su propio Ejecutivo, no es sino tratar de ocultar una realidad que no cambia por ese tímido 0,1% de crecimiento que sólo oficialmente pone fin a la recesión y que, como advertía Gross, no está exenta de necesitar, aunque no sea de modo inmediato, de la intervención de la Unión Europea y el FMI como en el caso de Grecia. En ese escenario, y ante la manifiesta incapacidad, tanto del Gobierno socialista para implantar medidas urgentes como del PP para plantear una alternativa creíble, la hipótesis de que la crisis económica se traslade a la política, lo que empeoraría la coyuntura, no es nada descabellado, aunque la posibilidad de una moción de censura que dé paso a un gobierno de concentración y a unas elecciones anticipadas, como apuntó ayer el portavoz de Convergencia i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, se antoje de momento más improbable. Durán, en realidad, sólo ha pretendido traducir la creciente inquietud de buena parte de la sociedad por la falta de acción del Gobierno español que, en otros términos, también expresó ayer el secretario general de Confebask, José Guillermo Zubia, al asegurar que las medidas adecuadas para hacer frente a la crisis están definidas pero falta coraje político para aplicarlas. Es una simple cuestión de confianza, más bien de desconfianza generalizada, en la capacidad de Zapatero -pero también en la de Rajoy- y en el orden de prioridades con que ambos contemplan los horizontes económicos y electorales, anteponiendo el segundo al primero, lo que lastra cualquier posibilidad de acuerdo tanto entre ambos como con el resto de las fuerzas políticas cuando el diseño de una política económica eficaz y consensuada se antoja apremiante. Y ello sí puede llevar a que los vaticinios de Gross y Duran se cumplan en el medio plazo.