Hasta este lunes, por boca de EH Bildu, solo se conocía la reacción del ayuntamiento de Azpeitia tras los altercados por la identificación de un joven que realizaba una pintada. El ayuntamiento dio su apoyo a la Policía municipal pero, por el contrario, señaló a la Ertzaintza y la acusó de tener una “presencia desproporcionada” en la localidad, unas palabras que se han interpretado en otros ámbitos como un intento sibilino de culpar a los ertzainas del clima de tensión generado. Este lunes llegó la valoración política como tal de EH Bildu, que ni siquiera quiso entrar en el fondo del asunto, en el asedio a la comisaría, y se quedó en la superficie para hablar tan solo del hecho previo al asedio: lo redujo todo a una “pintada con un rotulador en un contenedor de pilas”. 

EH Bildu se escudó en que resulta “escandaloso” que se pida una condena con tanta rapidez por una pintada, mientras no se habla del informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU que constata que el Estado español no ha investigado las más de 5.000 torturas denunciadas por ciudadanos vascos. Aunque el argumento puede servir para desviar el foco y restar trascendencia a lo ocurrido, parte de una premisa inexacta: a Bildu no le han pedido que condene la pintada que fue el detonante del asedio, sino que condene lo que sucedió después, la reacción, que tras la propuesta de sanción al joven se produjera una visita que fue hostil según la otra parte, una visita más de una docena de jóvenes a la comisaría; y que condene las agresiones que denuncian los agentes, y que en el exterior permanecieran más de 200 personas esperando.

La valoración corrió a cargo de Arkaitz Rodríguez. Compareció en calidad de secretario de Acción Política de EH Bildu, aunque es también el secretario general de Sortu, la izquierda abertzale histórica y fuerza mayoritaria dentro de EH Bildu. Sus declaraciones suelen coincidir con las posiciones más ortodoxas de la izquierda abertzale, y este lunes volvió a suceder así, aunque habló por su cargo en EH Bildu.

Rodríguez dejó caer desde su intervención inicial, antes de las preguntas de los medios de comunicación, esa contraposición entre el “silencio” ante el informe de la ONU, y la rápida condena de partidos políticos y medios de comunicación sobre “una pintada con rotulador en un contenedor de pilas”. La comparecencia, de hecho, tenía como finalidad poner en valor el informe de la ONU, que evidencia, como destacó Rodríguez, que el Estado no ha puesto en marcha “ninguna investigación” sobre las denuncias de torturas. Después desarrolló la idea en el turno de preguntas. “Nos parece escandaloso que cinco días después de conocer este informe, la clase política y la mayor parte de los medios de comunicación no digan nada”, un “silencio atronador” al que contrapuso la “celeridad con la que algunos y algunas salen a condenar una pintada hecha con un rotulador en un contenedor de pilas”. 

“El informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU viene a poner sobre la mesa que la tortura ha sido sistemática en este país”, dice, para añadir que él cree saber por qué se guarda silencio: dice que esos responsables políticos y los medios han tenido “responsabilidades” en esa realidad porque, o han “mirado para otro lado” o, en el peor de los casos, han colaborado.

Se da la circunstancia de que el primero en condenar los hechos fue el departamento de Seguridad de Bingen Zupiria, y este lunes también lo hizo el PNV. Desde sus responsabilidades en el Gobierno vasco, el PNV impulsó la redacción de un informe sobre las torturas que elaboró el Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco, y que incluía denuncias interpuestas contra la Ertzaintza.

Tensiones

Aunque EH Bildu reivindica sus movimientos para reconocer a todas las víctimas, no termina de aparcar este argumentario cuando se producen ataques que implican a la Ertzaintza. En la práctica, a nivel judicial, desde hace años se está produciendo también una catarata de acuerdos con la Fiscalía basados en el reconocimiento de los hechos para evitar la entrada en la cárcel de quienes están acusados de pertenecer a ETA, lo que ha producido tensiones con otros sectores de la izquierda abertzale que critican este giro pragmático. 

Precisamente en este contexto, Xabier García Gaztelu, más conocido por el alias Txapote, ha reunido un centenar de firmas para criticar el acuerdo de Antton López Ruiz, Kubati, y otras cinco personas para evitar la cárcel a cambio de reconocer que los recibimientos a los presos de ETA a su salida de la cárcel “humillaban” a las víctimas de ETA. “Han hecho suya la verdad de los verdugos y les han facilitado las condiciones, tanto a nivel jurídico como ideológico y discursivo, para abrir de par en par las puertas de quienes se empeñan en la persecución”, aseguraban en el manifiesto.