SI podía quedar alguna nimia duda del error, interesado o no pero continuado y mantenido, que el Departamento de Educación dirigido por Isabel Celaá ha cometido en la elaboración, la imprescindible búsqueda de consensos y la socialización del borrador del plan denominado Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia (2010-2011) con el que pretendía reformular el Plan Vasco de educación para la paz y los derechos humanos puesto en marcha por el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe, el dictamen hecho público ayer por el Consejo Escolar de Euskadi-Euskadiko Eskola Kontseilua la destierra totalmente sin necesidad de entrar en disquisiciones políticas. Aunque en este campo, el Consejo Escolar también constata "necesario un gran nivel de acuerdo entre los responsables políticos" que es imposible a día de hoy por cuanto la formación mayoritaria del Parlamento Vasco ni tan siquiera ha recibido aún el texto del mismo; el órgano consultivo de la Educación vasca, integrado por representantes del profesorado, de padres y madres y del alumnado y por miembros de las distintas administraciones de Euskadi, constata en su dictamen todas y cada una de las carencias que se han venido desgranando, desde diferentes ámbitos, respecto a las pretensiones del Gobierno que preside Patxi López respecto lo que se conoce como Educación para la Paz. Así, el dictamen considera "insuficientes" tanto la participación como el nivel de adhesión al mismo de los agentes sociales y de las organizaciones que componen la comunidad educativa e insta a buscar la implicación de los mismos "especialmente en la concreción de las medidas", cuestiona la ausencia de "una valoración de los resultados de la evaluación efectuada al anterior plan" que ahora se dice reformular y de claridad a la hora de especificar en qué aspectos se pretende dicha reformulación, pone sobre la mesa "la necesidad de disponer de una versión íntegra del nuevo plan" del que, al parecer, aún hoy carece; plantea la exigencia de "pluralidad" en el testimonio de las víctimas y de "autonomía" de los centros a la hora de concretar ésta y otras actividades, tal y como expresa precisamente el currículum escolar, y denuncia que el plan no tenga en cuenta "el bagaje de experiencia de los centros" en materia de convivencia con lo que desdice las acusaciones de falta de implicación hasta el presente que ha tenido que soportar la Educación vasca. En definitiva, el Consejo Escolar dictamina desde su carácter preceptivo pero no vinculante que el Plan de educación para la Paz del Departamento de Educación precisa de un "replanteamiento" que incluya en todos los ámbitos consensos que no ha tenido en cuenta hasta el momento o, lo que es lo mismo, exige consensos que obligan a que ese replanteamiento sea profundo. Lo contrario sería imponer el plan y exponerlo al fracaso.