Educación y adoctrinamiento

Por encima de todos ellos debió trabajarse para fortalecer un principio ético de respeto a derechos fundamentales despojándolo de su vinculación a cualquiera de esas pertenencias, adscripciones o formulaciones. En el caso que nos ocupa, el ejercicio ha sido el contrario y el riesgo subsiguiente es que el dolor de las víctimas no sea el sustrato que empaste una sólida conciencia social común, sino el muro que impida el mutuo reconocimiento de la legitimidad de sus distintas interpretaciones. Víctimas tiene demasiadas este país y su adscripción sociocultural e ideológica es igualmente amplia. Agravios acumulados los hay desde hace décadas y desde ellos es imposible construir una base de formación en valores para la paz. Desde esta perspectiva, la eventualidad de un acuerdo de mayor consenso en torno a la que aún hoy es sólo la propuesta del Gobierno socialista y sus socios populares, requiere incidir sobre los tres lastres contrarios al consenso que contiene: nace del reproche, es doctrinaria y pierde la perspectiva educativa.

Es muy difícil confiar en una mano tendida que un minuto antes se empleaba en fustigar a quien se le tiende. La dilación de dos semanas en la aprobación del denominado Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia pierde por ello toda virtud en tanto siga acompañado de mensajes hirientes. A los más autorizados portavoces del Gobierno, el PSE y su garante de gobernabilidad, el PP, se les ha escuchado cuestionar el compromiso de los profesionales de la Educación con la deslegitimación del terrorismo. Un recelo hacia el sector que sirve para explicar que la propuesta se haya pergeñado de espaldas al mismo. Se les viene escuchando, además, incidir sobre la laxitud o equidistancia de la propuesta precedente, desarrollada en la anterior legislatura, en la que no ven suficiente protagonismo de las víctimas de ETA o, lo que viene a ser igual, el testimonio de crimen del que han sido objeto diluido entre el testimonio de otros crímenes.

Entre los reproches más insistentes, el Partido Popular esgrime desde tiempo inmemorial la teoría del adoctrinamiento en la escuela. Es una afirmación clásica de antagonismo entre nacionalistas: un nacionalismo español expansivo desde el centro a la periferia que niega la existencia de un derecho a materializar políticamente las especificidades socioculturales de los pueblos asimilados frente a otro periférico que esgrime precisamente ese derecho formulado en términos de libre decisión de un sujeto de derecho alternativo al definido unilateralmente en el marco legal. Consecuencia de ese choque es la revisión del uso del término Euskal Herria. Se va convirtiendo así en una constante que desde la coalición de gobierno PSE-PP se transforma en ejercicio de profunda raigambre en un cierto tipo de nacionalismo importado mientras se reprocha al nacionalismo local su papel reivindicador.

Cuando Antonio Basagoiti afirma que el nuevo plan es necesario para "descontaminar una parte de la conciencia de los jóvenes que ha venido siendo condicionada por mentiras, por falsedades, opresiones falsas de pueblos vascos y por equidistancias entre víctimas y verdugos" está hablando de esto. Está practicando un revisionismo que pone en marcha el contador de la historia del sufrimiento en 1978 y el foco de la misma en quien ha causado el mayor pero no el único sufrimiento en la sociedad vasca desde entonces, que es inequívocamente ETA.

Es un carril que lleva a la polémica por homenajes a miembros del aparato franquista asesinados por la organización terrorista durante el régimen y el carril que construye un imaginario ético según el cual sólo es posible la democracia si pasa por el vigente marco legal. ¿Se le puede dar otro sentido al vínculo argumental que asocia la convivencia democrática y ese marco legal coyuntural vigente en el plan educación del Gobierno López? A la luz de una estrategia más amplia que se plasma en iniciativas como la santificación de la fiesta del Estatuto como día de Euskadi, difícilmente. En esa línea, el plan pasa a ser herramienta de adoctrinamiento no de principios éticos de valor universal sino de un modelo político-administrativo. La convicción mayoritaria de que es imprescindible buscar empatía con las víctimas de los crímenes de ETA se manipula cuando se asocia a una obligada adhesión al marco legal vigente, que no es el único democrático de los posibles.

La elaboración de un plan de educación en valores de paz y convivencia no debe hacerse de espaldas al gran violador de derechos y libertades en democracia que es ETA. Pero también es oportuno hacerlo afrontando a otros que lo han sido en menor volumen pero no con menor inquina. Y resultan valores a defender en la formación de nuestro futuro los derechos individuales frente a las estructuras colectivas coercitivas que son los aparatos represivos de los estados. La superación de la presunta equidistancia entre víctimas y verdugos no se logra ocultando a parte de las víctimas y sus verdugos sino visualizando a uno y otros en los lugares que les corresponden.

Lo que no parece garantía de éxito es diseñar un plan de educación, del tipo que sea, de espaldas a la comunidad educativa. Parece que la imprescindible presencia de miradas éticas respecto al resarcimiento de las víctimas de ETA no ha dejado mucho espacio a la aportación de educadores y pedagogos. La escuela es un lugar de formación en conocimientos y valores y este plan tiene el aspecto de priorizar otros objetivos por encima de criterios pedagógicos. El necesario reconocimiento de las víctimas del terrorismo y su resarcimiento deben tener otros foros. La experiencia del dolor ajeno y la empatía con él es necesaria para reforzar esos valores de convivencia y tolerancia, pero el riesgo de añadirle el peso de una cierta interpretación sociopolítica de la realidad nos desvía de ese objetivo. Hace años que nos advirtieron de que al colegio es mejor no llevar sobrepeso en las mochilas porque afecta a la columna vertebral. A la de la democracia, también.

* Periodista